Extracción de hidrocarburos amenaza seguridad y salud de las personas

 La extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales amenaza la seguridad y la salud de las personas, debido a que las empresas –nacionales y  extranjeras– practican técnicas –incluida la popularmente llamada fracking– que emplean sustancias tóxicas y medidas limitadas de contención de desperdicios y de protección de instalaciones, considera Aleida Azamar Alonso, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), ubicada en la Ciudad de México (CDMX).

Esto evidencia la “debilidad institucional en términos de regulación empresarial y protección socioambiental, así como los graves accidentes petroleros que han dejado a miles de personas desamparadas frente a los daños al ecosistema, ya que el Estado no ha tomado acciones contra las empresas involucradas”.

La académica del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco señala en su artículo ¿Qué lecciones hemos aprendido del fracking? que en el caso de México esta herramienta no es una solución, pues “se trata de un proceso que nos vuelve más dependiente por el uso intensivo de combustibles fósiles, aumentando los riesgos y efectos negativos de esta situación”.

Ante este panorama, cuestiona “¿quiénes se benefician de este negocio?, ¿está preparado nuestro país para enfrentar estos y todos los retos desconocidos de largo plazo en esta industria?, ¿valen la pena los riesgos socioambientales a los que se enfrenta la sociedad y la naturaleza a cambio del beneficio económico que obtienen unos cuantos?”, sobre todo cuando ahora Estados Unidos tiene un ingreso de 300 billones de dólares por exportaciones y es la principal nación del sector energético a nivel mundial.

El fracking se ha empleado en México desde 1996 y hasta 2016 se sabe de 7,879 pozos (24.3 por ciento de los que se tienen registros oficiales) en los que se ha utilizado esta técnica para potenciar su productividad.

Sin embargo, lo único que han hecho evidente al utilizarla son los “diversos accidentes ocurridos en los últimos años, ya que han cobrado cientos de vidas y han provocado desastres con daños irreversibles para el medio ambiente”, pues el fracking es aplicado a través de inyección de agua, arena y diferentes químicos para buscar extraer hidrocarburos no convencionales de depósitos subterráneos, en los cuales las formas comunes de explotación no son útiles.

Añadió que “es un proceso barato y eficiente en términos de la obtención del recurso y en contraste con el aprovechamiento tradicional genera mayores y más severos efectos negativos”, y México debería de observar de su vecino país del norte que mientras en 2012 se consideraba deficitario de petróleo hoy en día se ha convertido en el primer exportador global de este recurso.

“Al realizar esta proeza ha sido muy costoso para este país, por lo que debiera  valorarse dicho impacto como aprendizaje de lo que podría enfrentar México en el futuro en caso de seguir aplicando esta técnica”, advirtió.

“El rápido desarrollo de la industria del fracking en Estados Unidos ha sido resultado de su alta dependencia al petróleo. Actualmente consume 18 millones de barriles diarios, lo que equivale a 20 por ciento de la producción mundial”, esto representa una debilidad para esa nación, “ya que el bien se caracteriza por su volatilidad ante cualquier tipo de conflicto –político, económico o bélico–, por lo que en este siglo se ha impulsado una estrategia de estimulación a la inversión intensiva, que ha conducido al dominio estadounidense del sector energético global”.

Aunado al lado oculto de los impactos negativos que arrojan: en enero de 2010  y julio de 2018 se registraron cinco mil 308 accidentes por esta técnica de explotación que provocó 125 personas fallecidas, 550 heridas, 27 mil habitantes evacuados y costos económicos materiales por aproximadamente cuatro mil millones de dólares.

Esta cifra no toma en cuenta los acuerdos de compensación que pagan las empresas a los afectados ni los efectos ambientales de largo plazo, incluida la contaminación de los mantos acuíferos subterráneos, la degradación del subsuelo, la devastación de paisaje y la generación de metano, entre otros.

La doctora Azamar Alonso refiere también los cinco millones de litros de agua por pozo que extraen diariamente para la aplicación de esta técnica, equivalente al consumo por día de ocho mil personas y la cercanía a las áreas de fracturación que provoca el riesgo de padecer asma hasta en un cuatro por ciento, pues se calcula que más de 15 millones de personas viven cerca de los pozos donde se realiza la extracción.

Advierten de violaciones a derechos humanos por fracking en Latinoamérica

Representantes de comunidades y organizaciones de diversos países de América Latina -entre ellos Argentina, México y Colombia- expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los impactos actuales y potenciales que la técnica de fractura hidráulica (fracking), utilizada para la extracción no convencional de hidrocarburos, tiene sobre los derechos humanos y el ambiente.

La audiencia se realizó en respuesta a una petición suscrita por más de 126 organizaciones de 11 países de las Américas, en el marco del 169° período ordinario de sesiones que la CIDH celebra esta semana en la ciudad de Boulder, Colorado.

"El número de organizaciones que respalda esta solicitud da cuenta de la preocupación que esta técnica genera", apuntó la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión, Soledad García Muñoz, enfatizó que la documentación de los impactos y casos que se expusieron durante la audiencia será clave para la agenda de empresas y derechos humanos, así como para el estándar interamericano que se está impulsando en esta materia.

La principal solicitud a la CIDH y a las Relatorías para los diversos países, fue instar a los Estados a que adopten medidas eficaces y oportunas para prevenir violaciones a los derechos humanos en el contexto de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, así como la aplicación al principio de precaución frente a posibles daños ambientales a causa del fracking. Para ello, la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking brindará el respaldo técnico y la documentación necesaria en seguimiento de esta audiencia.

"En América Latina, el fracking se ha realizado sin informar ni consultar adecuadamente a la población afectada, vulnerándose así su derecho a la información, participación, consulta y consentimiento previos", destacó Liliana Ávila, Abogada Sénior de la Asociación Interamericana de Derecho Ambiental (AIDA), durante la audiencia. "La demanda de agua para esta actividad compite con el uso de agua para el consumo humano, y la contaminación que produce en aguas, suelos y aire, afecta gravemente el disfrute del derecho al medio ambiente sano y compromete el goce efectivo de otros derechos como la vida digna, la integridad personal, la salud, la alimentación, el agua y la vivienda adecuada".

En la audiencia se enfatizó que las mujeres sufren desproporcionadamente los impactos de esta actividad debido a las daños potenciales a su salud reproductiva y a que la falta de acceso al agua provocada por la sobreexplotación y contaminación que el fracking conlleva, tiene un impacto mayor sobre las mujeres debido a los roles de cuidado socialmente asignados.

En México, "específicamente en el municipio de Papantla, Veracruz -que de acuerdo a solicitudes de acceso a la información es el municipio con mayor número de pozos de fracking en el país-, donde la población pertenece mayoritariamente al pueblo totonaca, esta técnica de explotación ha provocado el desvío de manantiales y el desecamiento de pozos artesianos, con lo que muchas comunidades perdieron sus fuentes de agua y han visto comprometida su salud y deterioradas sus condiciones de vida", manifestó Alejandra Jiménez, de la Alianza Mexicana Contra el Fracking.

Dorys Gutiérrez, de la organización colombiana Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas, señaló que "en Europa, 18 países han aplicado el principio de precaución para no permitir o restringir esta práctica y en Australia, 4 de 8 territorios tienen prohibiciones o moratorias. Entonces, si el fracking es tan bueno, ¿por qué en tantos lugares es ampliamente rechazado?"

Según datos recopilados por la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, en América Latina existen cerca de 5,000 pozos de fracking. En Argentina, existen aproximadamente 2,000 pozos. Mientras, en Chile, según datos oficiales, actualmente se ha aprobado la fracturación de 182 pozos, la gran mayoría en la isla de Tierra del Fuego. En el caso de México, el número de pozos de fracking supera los 3,350.

A pesar de este incremento, se ha avanzado también en prohibiciones y restricciones al frackingen tres estados de Estados Unidos, en Uruguay, en la provincia argentina de Entre Ríos y en al menos 72 municipios de Brasil.

Provocará fracking daños irreversibles en salud humana y ambiental

Los lineamientos para la protección y conservación de aguas nacionales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, próximos a publicarse en el Diario Oficial de la Federación de México, pretenden autorizar la práctica en México de la fractura hidráulica o fracking, una técnica cuyos efectos resultan devastadores para la salud y el medio ambiente, alertaron especialistas.

Por ello, es que los representantes de la Coordinadora Nacional Agua Para Todos, Agua Para la Vida, El Campo es de Todos, La Campaña sin Maíz no hay País, la Alianza Mexicana Contra el Fracking y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, entre otras, junto con académicos de las universidades Autónoma Metropolitana (UAM), Nacional Autónoma de México (UNAM) y Veracruzana, así como del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se pronunciaron contra la aprobación del fracking. 

Se dio a conocer que para estas organizaciones la fractura hidráulica contamina los cuerpos de agua, viola el derecho humano al vital líquido, a un medio ambiente sano y a la vida, además de que no respeta el derecho a la consulta de los pueblos y comunidades y representa una amenaza para la seguridad nacional y la soberanía alimentaria.

Al respecto, Pedro Moctezuma Barragán, profesor-investigador y coordinador del Programa de Investigación Sierra Nevada de la UAM, informó que se impulsará la campaña Universidades Libres de Fracking para que dichas instituciones del país presenten un frente que erradique los intentos de aprobar esta práctica como sucedió en Francia, Austria, República Checa e Irlanda, regiones de España, Italia y ciudades como Berlín y Nueva York.

Las instituciones de educación superior ofrecerán investigaciones serias, objetivas y confiables para proveer a la población de información sobre los riesgos y el impacto de esta tecnología, por lo que deben protegerse contra la infiltración de las compañías petroleras que pagan estudios y a especialistas para la defensa de sus intereses.

Por su parte, Carlos Vargas Cabrera, director del Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa de la UAM, indicó que “esta tecnología implica el riesgo de acentuar el uso competitivo por el agua, especialmente en las cuencas donde su disponibilidad es escasa o nula”.

Además del peligro “de que los aditivos químicos del fluido de la fracturación hidráulica, los gases liberados durante su aplicación o la inapropiada disposición del efluente, así como el inadecuado manejo de lodos que brotan del pozo, contaminen las corrientes, acuíferos y cuerpos de agua”.

Se consideró que el sistema regulatorio de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) porque es evidente la grave y generalizada contaminación de los bloques acuáticos en todo el país, y pese a que existe una Ley de Aguas Nacionales desde hace tres décadas y una Normatividad de Descargas de Aguas Residuales que data de hace 26 años, 70 por ciento de los ríos está contaminado por descargas municipales a las que se han sumado las provenientes de la industria y la minería.

De acuerdo a la Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF), los estados enlazados por el fracking son: Chihuahua, Tamaulipas, la región de las huastecas potosinas e hidalguense, 22 municipios de la sierra norte de Puebla, 44 municipios del centro norte de Veracruz, además de Tabasco, Campeche y Chiapas. 

Fomento del fracking en México, será un caso ambiental: UNAM

 “Hoy, hemos gastado el 86 por ciento del petróleo que tenemos en México”. Nuestro país tocó su pico de producción en 2004, y ahora se cumplen 13 años de una producción en caída. Lo mismo ocurre con el gas, con el cual se produce más de 50 por ciento de nuestra electricidad, afirmó Luca Ferrari, investigador y exdirector del Centro de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Juriquilla, Querétaro.

Pero la solución a este problema no es la técnica llamada fracking, pues esa explotación de hidrocarburos no convencionales produce fallas geológicas que provocan sismos, contaminación del agua y efectos adversos en la biodiversidad.

En México, se considera que hay alrededor de mil pozos de fracking abiertos por Petróleos Mexicanos (PEMEX) en Coahuila, Nuevo León, Puebla, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Y es que las reservas probadas de petróleo en el mundo ya sólo alcanzarán para 30 años de extracción al ritmo actual; en el caso de nuestro país, puede ser de ocho o nueve años.

Al respecto, Luca Ferrari expuso que los principales productores de petróleo son Arabia Saudita, Rusia y Estados Unidos; el primero necesita 400 pozos para producir lo que el vecino país del norte obtiene en 35 mil 699 pozos.

Por su parte, Ramón Carlos Torres, del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED), detalló que aunque el gas natural ha cobrado importancia dentro de los hidrocarburos, con el 22 por ciento de la oferta mundial primaria de energía (en 2040 llegará a ser de 28 por ciento), su periodo como determinante del patrón energético de la humanidad tiende a disminuir aceleradamente.

Frente a esto, el fracking o fractura hidráulica para obtener los llamados hidrocarburos no convencionales ha cobrado importancia desde inicios de la década pasada en Estados Unidos, reiteró.

No obstante, los costos de extracción del gas y petróleo alojados en las "rocas madre", como las lutitas, no sólo son muy altos para un recurso que duraría unos cuantos años, sino que representan una amenaza para los derechos humanos.

Ferrari explicó que se denomina “no convencional” a la roca madre en donde se ha formado el petróleo convencional; son formaciones no permeables (lutitas) donde hay gotas de petróleo y gas atrapadas.

Además que el consumo de agua para el fracking es muy complejo. México enfrenta retos como que la cuenca de Sabinas-Burgos (continuación de la lutita Eagle-Ford, de Texas, ampliamente explotada) es una zona árida. Así, el agua subterránea condicionará en gran medida el éxito de la explotación de shell-gas (lutita).

Explicó que hay que diversificar las fuentes de agua para el fracking, porque si nada más dependemos de los acuíferos en la parte norte del país –que sostienen la irrigación, el consumo humano y la producción de carbón– estaremos en graves problemas hídricos.

Se lamentó que es un hecho que ninguna regulación es suficiente para evitar los daños cuantiosos de esta técnica. Tiene impactos sociales relevantes, ya que amenaza los derechos humanos, al agua, a la salud, a la alimentación, a un ambiente sano y a la autodeterminación y autonomía.

El fracking debe ser prohibido para enfriar el planeta, exigen ONGs

En el marco de la 21 Conferencia de las Partes (COP21), diversas organizaciones ambientalistas hicieron un pronunciamiento público dirigido a los Estados parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, organizaciones y alianzas nacionales que integran la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking piden que las actividades de fracking o fracturación hidráulica sean prohibidas "para enfriar el planeta" debido a que, entre otros impactos, éstas emiten gases de efecto invernadero y contribuyen al calentamiento del planeta. 

Durante el ciclo de extracción, procesamiento, almacenamiento, traslado y distribución de los hidrocarburos no convencionales extraídos vía fracking, se libera metano que, como gas de efecto invernadero, es 87 veces más activo que el dióxido de carbono en un margen temporal de 20 años, lo que provoca mayor calentamiento global, se explica en el pronunciamiento.

El documento será presentado por la Alianza Mexicana contra el Fracking, la Asociación Ambiente y Sociedad, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Food & Water Watch, Freshwater Action Network México, la Fundación Heinrich Böll - México, Centroamérica y El Caribe, el Instituto Brasileiro de Analises Socias e Economicas (IBASE) y el Observatorio Petrolero Sur (OpSur).

Las organizaciones expondrán además la situación que se vive actualmente en América Latina respecto de la fracturación hidráulica. Pese a que el uso de esa técnica experimental es contrario a los compromisos nacionales e internacionales para reducir las emisiones contaminentes, varios países de la región -entre ellos México, Colombia, Argentina, Chile y Bolivia- han iniciado actividades de exploración o explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking.

"El fracking está avanzando a ciegas en América Latina, sin que existan estudios integrales y de largo plazo sobre los riesgos y daños graves e irreversibles que puede causar en la salud de las personas y en el ambiente", dijo Ariel Pérez Castellón, abogado de AIDA. "Las operaciones de este tipo en la región no han respetado derechos humanos fundamentales como la consulta y el consentimiento previo, libre e informado; el derecho a la participación y control social; y el derecho a la información", manifestó por su parte Milena Bernal, abogada de la Asociación Ambiente y Sociedad. 

Según las organizaciones, el fracking se está abriendo paso en comunidades indígenas, campesinas, barrios urbanos e incluso en Áreas Naturales Protegidas. Ello ha ocasionado el desplazamiento de personas y de actividades productivas como la ganadería y agricultura, cuya convivencia con esta técnica es imposible.

De modo paralelo al inicio de estas operaciones, ha crecido el rechazo a ellas. "Prueba de esto son las redes nacionales e internacionales de oposición a esta técnica, así como los más de 50 municipios que la han prohibido en Argentina, Brasil y Uruguay", indicó Diego di Risio, investigador del Observatorio Petrolero Sur. 

"Como parte de nuestro pronunciamiento, urgimos a los Estados parte de la Convención a la firma de un acuerdo vinculante que reduzca eficaz y oportunamente los gases de efecto invernadero e incorpore a los derechos humanos dentro del texto legal; a la aplicación del principio precautorio para prohibir el fracking; y al impulso de las energías renovables y el desincentivo a la extracción de combustibles fósiles", expresaron Claudia Campero Arena, investigadora de Food & Water Watch, y Moema Miranda, directora de Ibase.

Pide CEMDA se regule el Fracking en México

Para diversas organizaciones sociales y ambientalistas, la pasada publicación, por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de una guía de criterios para regular la fracturación hidráulica o fracking en México, constituye un paso positivo que debe ser retomado y reforzado con urgencia por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) para generar un marco regulatorio de esta actividad que genere certeza jurídica a todos los actores.

Cabe mencionar que la Dirección General de Energía y Actividades Extractivas de la Semarnat publicó en su portal una guía donde se incluyen una serie de lineamientos ambientales que los operadores petroleros, es decir, los particulares y las empresas productivas del Estado, deben considerar para llevar a cabo actividades de exploración, perforación y terminación del pozo, extracción, cierre y abandono de proyectos de hidrocarburos contenidos en lutitas (gas de esquisto o shale gas), con el propósito de garantizar la protección al medio ambiente en el desarrollo de dichas actividades. Ello, en tanto no se emitan las regulaciones oficiales en la materia, facultad que corresponde a la recién creada Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, también conocida como la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) .  

En relación a ello, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), considera que dichos criterios constituyen una guía con recomendaciones suficientes y necesarias para prevenir, evitar y atenuar los impactos negativos de esta actividad, como son la disminución de disponibilidad de agua, la contaminación de acuíferos, suelos y aire; la contaminación por radioactividad, la contribución al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la afectación a la infraestructura carretera y habitacional.

No obstante se declaró en comunicado de prensa, se hace un atento llamado a la ASEA sobre la importancia y urgencia de generar un marco regulatorio efectivo, eficiente, adecuado y vinculante para evitar los efectos ambientales adversos que ocasiona la técnica de fracturación hidráulica. Asimismo, “le instamos a que retome el esfuerzo realizado por la Semarnat al haber elaborado esta guía, de manera que convierta los criterios ahí esbozados en requisitos vinculantes, vigile su observancia y sancione su incumplimiento”, se público.

Asimismo, y dados los graves impactos ambientales que pudiera ocasionar la técnica de fracturación hidráulica, el CEMDA ha sugerido que se sigan los siguientes criterios generales:

Incorporar estos criterios dentro de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Desarrollar estudios de Estado Base, incluyendo la calidad del aire, acuíferos, cuerpos de agua superficial, flora, fauna, condición del suelo, sitios contaminados y pasivos ambientales, sismicidad, entre otros.

Integrar lineamientos para que el operador petrolero demuestre que las actividades de exploración y extracción no afectarán la integridad funcional de los ecosistemas y proponer medidas adicionales para prevenir impactos ambientales negativos.

Incorporar medidas de seguridad para evitar la contaminación de acuíferos.

Mantener vigentes garantías financieras que cubran los impactos ambientales negativos del proyecto en el medio ambiente durante o después de su realización.

Evitar perjudicar especies de flora y fauna silvestres.

Identificar, clasificar, someter a un plan de manejo integral y dar un tratamiento adecuado y pertinente a los residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos.

Definir la fuente de suministro de agua, consultando la disponibilidad de cuencas o acuíferos determinada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), optando por la adquisición de derechos, el uso de aguas residuales o la importación de agua de otras cuencas o acuíferos que cuenten con disponibilidad, eligiendo aquéllas cuya calidad no sea apta para otros usos comunes o susceptibles de tratamiento.

Evitar la exploración o extracción de hidrocarburos siempre que exista evidencia de riesgo de los estratos geológicos, como es el caso de fallas sísmicas activas y vulnerabilidad de los acuíferos.

Llevar a cabo labores de remoción, limpieza y remediación de los cuerpos receptores o bienes nacionales afectados por derrames de contaminantes.

Otras disposiciones en materia de emisiones de partículas y contaminantes al aire y la emisión de ruido.

Sin freno alguno en materia ambiental permitirá México al sector hidrocarburos

La organización ambientalista Greenpeace informó que la Federación el 31 de octubre publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), una serie de Decretos que reforman diversos reglamentos en materia ambiental (Paquete Verde), y crea el Reglamento de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

Lo cual, en conferencia de prensa, estableció Alberto Rojas, enlace legislativo de Greenpeace, pone en grave riesgo la viabilidad ambiental de México, ya que las nuevas reglamentaciones son exageradamente laxas a comparación de naciones latinoamericanas, y sólo se equipara cuando en los 90s en Estados unidos se permitió que los sectores energéticos estuvieron por encima de la ley, lo cual redundo en la sobreexplotación con el fracking que hoy, en dicha nación es un sector en quiebra.

Sobre las nuevas inversiones sitios a aprovechar explotaciones de hidrocarburos en México quedan exentas de las legislaciones ambientales que rigen a todos los demás sectores que tienen impactos en los ecosistemas y ello les abre la puerta para no hacer proyectos sustentables en suelo nacional.

“De las reformas planteadas,  es de suma gravedad lo relacionado con el tema del Ordenamiento Ecológico Territorial ya se dio un retroceso en este sector. Es decir, este instrumento que garantizaba proteger el territorio con base en su vocación, usos y manejo sustentable de los recursos naturales, ahora se convierte en letra muerta al excluir las actividades del sector hidrocarburos de la obligación de cumplir con la fase de diagnóstico y pronóstico del ordenamiento regional y local” (1), señaló.

Expuso que la Agencia nace como un arbitro muy débil y que si bien antes la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) y la Procuraduría Ambiental (Profepa), eran muy endebles ya tenían ciertos lineamientos y personal calificado para actuar en afectaciones por hidrocarburos, pero la nueva Agencia vendrá a sólo ser una ventanilla única para autorizar todo tipo de temas de hidrocarburos.

Aunado a que al nacer no tiene al momento recursos, personal, personalidad jurídica, etc, y que con el panorama que se avisora no se vislumbra cumpla con su trabajo y atienda este sector tan estratégico, se ejemplificó que simplemente en la actualidad Petróleos Mexicanos registrar diario un estimado de 1.3 derrames e incidentes de petróleo. 

 Señaló que las modificación a los artículos 38, 40, 43, 44, 48, 49 y 58 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico del Territorio permitirán que la infraestructura relacionada con hidrocarburos, no sea considerada para la planeación territorial, lo que representa un riesgo para otras actividades y para la población, de tal suerte que la población que habita un territorio no podrá conocer si en su comunidad o sus terrenos se instalarán obras relacionadas con el sector hidrocarburos, además de que no serán consultadas si están o no de acuerdo con que en sus predios se puedan realizar dichas actividades, independientemente de que sean o no compatibles con las actividades que ya estuviesen ordenadas en el territorio.

En algunos casos al no incluirse estas actividades en el proceso de elaboración de un ordenamiento ecológico regional, la planeación del uso del territorio para actividades productivas, no considerará que se puedan instalar obras asociadas con el sector hidrocarburos. “Un ejemplo sería un desarrollo turístico en el que derivado de lo anterior no se conocieran a tiempo las obras (como gasoductos u oleoductos) que pudieran construirse en la zona lo que en relación con la población que se encuentre en el emprendimiento turístico sea sujeta a un riesgo sin que se sepa. Esto representa un acto grave de desregulación ambiental. Se está pasando por encima de uno de los instrumentos legales más eficaces con los que cuenta la política ambiental para proteger  el ambiente”, advirtió Rojas.

Además, se podrán modificar los ordenamientos ecológicos territoriales vigentes tanto locales como regionales para facilitar la implementación de obras o actividades del sector hidrocarburos, lo que tira por la borda años de procesos de planeación y elaboración de decenas de ordenamientos ecológicos territoriales vigentes en el país.

Por ello, urgió que los reglamentos que aún se pueden discutir en la Cámara de Diputados se le haga caso a la sociedad y, que además este organismo civil ha solicitado una audiencia oficial para plantear a la Federación se analicen las repercusiones a futuro, cuando quizá mucha gente se rehuse a que sus terrenos sean objeto de explotación petrolera.

Ya que “es un caso de arbitrariedad ya que es la misma autoridad a la que se le solicita el cambio de uso de suelo forestal y la evaluación de impacto ambiental es la misma que también verifica su cumplimiento. Eso termina por evidenciar que el arreglo institucional de la Agencia busca en todo momento facilitar la operación de la industria del sector, no la protección del patrimonio natural de los mexicanos”, acotó.

Debe priorizarse agua para personas no al fracking

En relación a la aprobación de la Ley de Hidrocarburos en la Cámara de Diputados, se establecen los lineamientos generales que permitirán la extracción de hidrocarburos no convencionales como el gas y aceite de lutitas (gas shale) a través del uso de la tecnología conocida como fracturación hidráulica (fracking) como una fuente de generación de energía; por ello, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) demanda que el marco legal que se expida para tal efecto, contenga los mínimos específicos consistentes en: No autorizar la ejecución de ningún proyecto o actividad hasta en tanto no se expida la legislación correspondiente. Dicha legislación debe considerar, entre otras cosas:

a)Que la autoridad responsable, previo a emitir una autorización para la exploración y/o extracción de hidrocarburos a través de la técnica de fracking, garantice que todo proyecto que pretenda utilizar dicha técnica cuente con una evaluación de impacto ambiental efectiva para prevenir, gestionar y reducir los efectos negativos para la salud humana y el medio ambiente.

b)La obligación de las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contemplados en el artículo 1° Constitucional, así como prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos derechos fundamentales, contemplando en todo momento el principio pro persona.

En atención a lo anterior, el Estado debe garantizar especialmente los derechos humanos de los pueblos indígenas y comunidades equiparables al territorio, a los recursos naturales, a la identidad cultural y a la consulta previa y consentimiento previo, libre e informado.

Respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas en general a acceder a la información, participar en la toma de decisiones así como los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Lo anterior debe asegurar que los beneficios generados por el uso de la tierra se transmitan de forma justa, equitativa y transparente a las y los dueños de la tierra asegurando el uso de figuras legales que permitan el mayor beneficio para las personas con respecto al carácter de la obra y/o actividad en cuestión.

En lo que se refiere a la utilización de agua, es importante que se tome en cuenta lo siguiente:

a)Procurar la reutilización en el proceso de extracción en lugar de utilizar volúmenes excesivos de agua potable.

b)Además de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la técnica de la fracturación hidráulica debe incluirse en las demás leyes aplicables, tales como la Ley Nacional de Aguas, priorizando el derecho a un medio ambiente sano y el derecho al agua, garantizando por ejemplo, que en el proceso se utilice una planta de tratamiento de aguas residuales.

c)Finalmente, en la Ley Federal de Derechos se debe establecer que los costos por el volumen de agua concesionado para el fracking debe reflejar las externalidades negativas, sociales y ambientales.

Peligran comunidades y medio ambiente con leyes energéticas

Al presentar su análisis sobre la legislación secundaria de la reforma energética, la Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF) advirtió que las propuestas aprobadas atentan contra la población y el medio ambiente, razón por la cual deben ser modificadas.

Entre las consideraciones que hace la Alianza destaca que se mantiene el despojo de tierras a favor de la explotación de hidrocarburos y permite el fracking, cuando las tasas de declinación de la productividad de los pozos explotados mediante esta técnica pueden alcanzar entre 81 y 90% en sólo dos años de operación. Esto significa que los pozos serán abandonados en el corto plazo y que, para mantener la producción, las empresas tendrán que moverse de una zona a otra para perforar nuevos yacimientos.

En este sentido, la Ley de Hidrocarburos al establecer que la exploración y extracción de estos recursos tendrán prioridad sobre cualquier otro uso del territorio, dejará en la indefensión a los dueños de los terrenos, pues el Estado podrá obligarlos a rentar sus tierras a las empresas petroleras bajo las figuras conocidas como servidumbre legal, ocupación y afectación superficial.

“Estas figuras son altamente convenientes para las empresas de fracking, puesto que podrán  ofrecerles contratos a corto plazo y no la adquisición permanente de los terrenos. A los pocos años, los propietarios recibirán de regreso sus tierras pero contaminadas e inservibles para el desarrollo de otras actividades” destacó Francisco Cravioto de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

Además, la ley de la Industria Eléctrica es un retroceso porque promueve que la fracturación hidráulica, la energía nuclear y las grandes hidroeléctricas sean consideradas “energías limpias”. Esto convendría a los intereses empresariales pero iría en contra de la población y el medio ambiente del país.

No es posible que el fracking sea incluido en esta categoría debido a su elevado consumo de agua y energía; las altas emisiones de gases causantes del cambio climático que genera y las enormes cantidades de agua residual que produce, misma que contiene químicos, metales pesados e, incluso, materiales radioactivos imposibles de tratar. Tampoco la energía nuclear se puede considerar una fuente “limpia” porque la peligrosidad de los residuos radiactivos permanece durante  miles de años y su gestión, tratamiento y disposición final son temas sin resolver.

Por otro lado, “es lamentable que la  Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos se convierta en juez y parte en la regulación, sanción, evaluación y autorización ambientales en cualquier acción de la cadena productiva de los hidrocarburos. Esto sin lugar a dudas debilita la política ambiental y parece una vía para acelerar la entrega de autorizaciones ambientales a los proyectos de hidrocarburos”, mencionó Claudia Campero de Food & Water Watch y de Blue Planet Project.  

Se realizarán expropiaciones forzadas debido a Reforma Energética

Ante los análisis y leyes secundarias de la Reforma Energética, la Alianza Mexicana contra el Fracking señaló que algunas de las implicaciones que la legislación en donde destaca que diversos predios que se compruebe que tienen potencial de explotación de energéticos como gas shale podrá ser expropiado pese a la negativa de sus propietarios y ser arrendado a empresarios particulares.

Ello ante la directriz que en el territorio la obtención de energético tiene la máxima prioridad nacional; iniciativa que se calificó de violatoria de los derechos humanos de la población y del medio ambiente.

Claudia Campero, integrante de la Alianza, dijo que esto es sumamente grave si se tiene en cuenta, además, que el gobierno está impulsando la explotación de hidrocarburos no convencionales mediante la dañina técnica del fracking. “Esta Ley establece en su artículo 91 que la industria de hidrocarburos es de utilidad pública y que la exploración y extracción de estos recursos es de interés social y orden público. Ello implicará que la explotación del gas y el petróleo siempre tendrá prioridad sobre el uso del territorio”. Lo cual pone a la población en desventaja a la hora de negociar un precio razonablemente justo por la renta de sus tierras.

También señaló que no es posible que la misma Federación vaya a ser juez y parte en los diversos juicios que se lleguen a entablar en materia de protección ambiental derivados de las nuevas explotaciones de energía, ya que se presentará una grave debilidad de la política ambiental que supondría la aprobación de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos.

Ya que la creación de esta Agencia supondría la fragmentación y la reducción de la autonomía de la política ambiental sin atender las deficiencias que la aquejan y que harían suponer que la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), sería sólo oficina de trámites para el permitir diversas explotaciones de energéticos así como el no sancionar en los casos que llegue a presentarse problemas ambientales, tal y como fue la pasada omisión del titular de la Semarnat, ante el aumento de emisiones de Pemex, y que dicho funcionario federal no mostró ningún tipo de acción al respecto.

En comunicado de prensa, este organismo detalló que “esto se daría en un contexto en el que se mantendría un Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) débil, que ya presenta serias deficiencias para asegurar la protección del medio ambiente y la población frente a los proyectos de desarrollo, sin que la Ley incluya medidas para su fortalecimiento”.

Sin esclarecer contenido ambiental de Reforma Energética

Análisis de la Reforma Energética, leyes secundarias y la apuesta mexicana por el gas natural y shale, con sus consabidas afectaciones ambientales, son puestas en duda, más cuando las Secretarías de Energía (Sener) y Medio Ambiente (Semarnat) argumentan que esta reforma es ambientalista, pero sin exponer cómo se puede designar así a dicha legislación.

Al respecto, el titular de Semarnat, Juan José Guerra Abud, dijo que la reforma energética dará como gran ganador al Medio Ambiente y su protección, ya que 66% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) emanan de la generación de energía y, en la medida de contar con combustibles más limpios y se extraiga el petróleo de forma más eficiente, se protegerá de mejor forma el ambiente.

Añadió que el impuesto verde federal aprobado motiva a tener combustibles más verdes, en función del cobro al carbono emitido y que la apuesta nacional será al uso del gas natural, que la reforma energética permitirá explotar.

Dijo que México sigue usando combustibles fósiles para generar energía, lamentó la falta gasoductos y aceptó (sin mencionar nombres y dependencias, ya fuese Semarnat o Sener), que se había desalentado el uso de energías renovables, impulsar este sector y que México detone proyectos en ese tipo de proyectos.

De acuerdo a datos oficiales, en la producción de energía en México genera el 33% de las emisiones nacionales, 34% en consumo de energía y se estima que la reforma energética permitirá utilizar el coque de petróleo en creación de energía y estabilizar una gran solución en materia de reducción de emisiones.

Pero la realidad es abrumadora en el atraso nacional en este sector, ya que en la actualidad, no supera el 3% del total nacional, pese al potencial de la eólica, que es de 25 mil gigawatts por hora (gwh), biogás con 6,935 gwh, solar 1,300 gwh, fotovoltaica con 3,200 gwh y geotermia de 21,000 gwh.

Guerra Abud indicó lo anterior en plática ofrecida en la segunda edición del Taller Jack F. Ealy de Periodismo Científico en la UNAM, efectuado en el Instituto de Astronomía de la UNAM, adonde argumentó que México no ha hecho su tarea en reducción de emisiones de CO2 y desacoplar su curva económica y Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, esta política de apostar al desarrollo de gas natural y fomentar sistemas como shale gas, de acuerdo a diversas organizaciones ambientalistas, es un craso error y deben prohibirse porque violenta el derecho humano de acceso al agua debido a que para su extracción requiere grandes cantidades del líquido, contamina acuíferos y contribuye al calentamiento global, denunció la Alianza Mexicana Contra el Fracking.

Se ha informado que, de abrirse los 20 mil pozos anuales –proyectados por el gobierno mexicano- para extraer el gas shale, se requeriría una cantidad de agua equivalente a la del consumo doméstico de entre 4.9 y 15.9 millones de personas en un año, pues al día se consumirían unos 29 mil litros por pozo, aunado a que ello representa un riesgo para los acuíferos, que pueden contaminarse con tóxicos, vulnerando el derecho humano al agua, reconocido en el artículo 4° Constitucional.

En entrevista con este reportero, la directora del Instituto Global para la Sostenibilidad del ITESM CCM, Isabel Studer, dijo que la reforma energética, en general, tiene presente el precepto de cuidado ambiental, pero muy etéreo y debe asegurarse este aspecto en las leyes secundarias, ya que la ecología no es tema menor, pues “al apostar al gas natural y shale para atender la demanda de energía, es un reto, pues los métodos y tecnología para su producción tiene grandes impactos ambientales, como el metano que es 25 veces más potente que el CO2, además del daño a los acuíferos”.

Comentó que también deben atenderse los posibles riesgos regulatorios y la oposición en comunidades locales ante posibles daños, lo cual es un llamado al sentido común del gobierno a tomar medidas al respecto, que dijo, “se sabe de trabajos de creación de una agencia de impacto industria en la Semarnat para atender este asunto, pero lo cierto es que cualquier gobierno apuesta al corto plazo y muy difícilmente le apuesta al largo; por ello, se la juegan con el gas natural, que es un error, ya que el mundo quiere ser competitivo con base a energías renovables”.

Indicó que si bien los secretarios de Energía y Medio Ambiente dicen que el gas natural es la gran apuesta del gobierno y “no he visto evidencia que esta ley sea ambientalista, ya que aún faltan puntos que deben aclararse; no se dice cómo cuidar el ambiente; se incorporará en la legislación transitoria y nos hace preguntar dónde está la evidencia que nos permita decir es ambientalista, preguntó.

En Estados Unidos apostar al shale gas ha sido un error y muestra de ello es la baja rentabilidad de los proyectos. La industria gasífera estadounidense ha señalado que hasta el 80% de los pozos pueden resultar inviables económicamente, debido a las complejidades técnicas de su explotación, lo que hace que el costo por pozo en México se sitúe entre 12 a 15 millones de dólares.

SEMARNAT AVALA USO DEL FRACKING

Al respecto, Rodolfo Lacy, subsecretario de Planeación de la Semarnat, comentó a este reportero que lo que queremos es que las nuevas actividades productivas sean sustentables y se introduzcan a México las mayores tecnologías sustentables que existan. En referencia al uso de agua en fracturación hidráulica en gas shale, dijo que existen tecnologías para gas de retorno y se tiene sustitutos de químicos que se cuenta grandes avances en tecnología en este sector y verificar que las empresas de mejor desempeño ambiental estén presentes en dicha explotación y regularlas conforma a la ley.

Al participar en un foro de bonos de carbono del Banco Mundial, reconoció que toda la industria tiene riesgo en su trabajo, pero “debemos tener las normas de regulación adecuada”, e indicó que la reforma energética ampliará el uso y explotación del gas natural de mayor y mejor forma, que es el combustible que menos contamina.

Hizo saber que la ley actual y la reforma energética tienen como meta al 2024 alcanzar 35% de energía renovable y esto es muy claro, ya que en estos días gran parte de la generación de energía requiere quemar más gas natural y no carbón o combustóleo, pues el gas es el más limpio de estos combustibles. El fracking está prohibido en diversas naciones europeas por su alto costo ambiental, cuyos precios en el mercado están deprimidos.

EVITAR DEPENDER SOLO DE GAS NATURAL

Durante el foro “México: Oportunidades en Gas Natural y Energías Renovables”, organizado por el IGS en el ITESM CSF, especialistas coincidieron en que el país no puede caer en el extremo de depender ya no de combustibles fósiles y sólo apostar al desarrollo futuro en el gas natural y shale gas, que se busca sea mayor al 70% en próximos años, ya que lo esencial es desarrollar el sector de energías renovables, concepto que ni siquiera está citado en la Reforma Energética que no menciona el “desarrollo de energías limpias”, el cual engloba al gas natural y otros no renovables y que inflará de forma errónea y no sostenible la meta oficial del 35% de energía no fósil, que aún no rebasa la mitad de dicho porcentaje.

SIN PERSONAL CAPACITADO

Fabiola Ortiz, directora de Standard & Poor¨s, alertó que un punto que aún no está en la mesa de análisis de la Reforma Energética y que es urgente revisar es la falta de personal calificado en materia de energía, desde ingenieros, técnicos hasta abogados, e indicó que en estos momentos las empresas privadas lo que están haciendo es quitarle personal a Sener, CFE y Pemex, ante la falta de mano de obra calificada en este rubro, lo cual puede ser un motivo de freno de avance para la implementación de la reforma de energéticos, señaló.