La
organización ambientalista Greenpeace informó que la Federación el 31 de
octubre publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), una serie de
Decretos que reforman diversos reglamentos en materia ambiental (Paquete
Verde), y crea el Reglamento de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.
Lo
cual, en conferencia de prensa, estableció Alberto Rojas, enlace legislativo de
Greenpeace, pone en grave riesgo la viabilidad ambiental de México, ya que las
nuevas reglamentaciones son exageradamente laxas a comparación de naciones
latinoamericanas, y sólo se equipara cuando en los 90s en Estados unidos se
permitió que los sectores energéticos estuvieron por encima de la ley, lo cual
redundo en la sobreexplotación con el fracking que hoy, en dicha nación es un
sector en quiebra.
Sobre
las nuevas inversiones sitios a aprovechar explotaciones de hidrocarburos en
México quedan exentas de las legislaciones ambientales que rigen a todos los
demás sectores que tienen impactos en los ecosistemas y ello les abre la puerta
para no hacer proyectos sustentables en suelo nacional.
“De
las reformas planteadas, es de suma
gravedad lo relacionado con el tema del Ordenamiento Ecológico Territorial ya
se dio un retroceso en este sector. Es decir, este instrumento que garantizaba
proteger el territorio con base en su vocación, usos y manejo sustentable de
los recursos naturales, ahora se convierte en letra muerta al excluir las
actividades del sector hidrocarburos de la obligación de cumplir con la fase de
diagnóstico y pronóstico del ordenamiento regional y local” (1), señaló.
Expuso
que la Agencia nace como un arbitro muy débil y que si bien antes la Secretaría
de Medio Ambiente (Semarnat) y la Procuraduría Ambiental (Profepa), eran muy
endebles ya tenían ciertos lineamientos y personal calificado para actuar en
afectaciones por hidrocarburos, pero la nueva Agencia vendrá a sólo ser una
ventanilla única para autorizar todo tipo de temas de hidrocarburos.
Aunado
a que al nacer no tiene al momento recursos, personal, personalidad jurídica,
etc, y que con el panorama que se avisora no se vislumbra cumpla con su trabajo
y atienda este sector tan estratégico, se ejemplificó que simplemente en la
actualidad Petróleos Mexicanos registrar diario un estimado de 1.3 derrames e
incidentes de petróleo.
Señaló que las modificación a los artículos
38, 40, 43, 44, 48, 49 y 58 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico del
Territorio permitirán que la infraestructura relacionada con hidrocarburos, no
sea considerada para la planeación territorial, lo que representa un riesgo
para otras actividades y para la población, de tal suerte que la población que
habita un territorio no podrá conocer si en su comunidad o sus terrenos se
instalarán obras relacionadas con el sector hidrocarburos, además de que no
serán consultadas si están o no de acuerdo con que en sus predios se puedan
realizar dichas actividades, independientemente de que sean o no compatibles
con las actividades que ya estuviesen ordenadas en el territorio.
En
algunos casos al no incluirse estas actividades en el proceso de elaboración de
un ordenamiento ecológico regional, la planeación del uso del territorio para
actividades productivas, no considerará que se puedan instalar obras asociadas
con el sector hidrocarburos. “Un ejemplo sería un desarrollo turístico en el
que derivado de lo anterior no se conocieran a tiempo las obras (como
gasoductos u oleoductos) que pudieran construirse en la zona lo que en relación
con la población que se encuentre en el emprendimiento turístico sea sujeta a
un riesgo sin que se sepa. Esto representa un acto grave de desregulación
ambiental. Se está pasando por encima de uno de los instrumentos legales más
eficaces con los que cuenta la política ambiental para proteger el ambiente”, advirtió Rojas.
Además,
se podrán modificar los ordenamientos ecológicos territoriales vigentes tanto
locales como regionales para facilitar la implementación de obras o actividades
del sector hidrocarburos, lo que tira por la borda años de procesos de
planeación y elaboración de decenas de ordenamientos ecológicos territoriales
vigentes en el país.
Por
ello, urgió que los reglamentos que aún se pueden discutir en la Cámara de
Diputados se le haga caso a la sociedad y, que además este organismo civil ha
solicitado una audiencia oficial para plantear a la Federación se analicen las
repercusiones a futuro, cuando quizá mucha gente se rehuse a que sus terrenos
sean objeto de explotación petrolera.
Ya
que “es un caso de arbitrariedad ya que es la misma autoridad a la que se le
solicita el cambio de uso de suelo forestal y la evaluación de impacto
ambiental es la misma que también verifica su cumplimiento. Eso termina por
evidenciar que el arreglo institucional de la Agencia busca en todo momento
facilitar la operación de la industria del sector, no la protección del
patrimonio natural de los mexicanos”, acotó.
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