Ante los análisis y leyes secundarias de la Reforma Energética, la
Alianza Mexicana contra el Fracking señaló
que algunas de las implicaciones que
la legislación en donde destaca que diversos predios que se compruebe que
tienen potencial de explotación de energéticos como gas shale podrá ser
expropiado pese a la negativa de sus propietarios y ser arrendado a empresarios
particulares.
Ello ante la directriz que en el territorio la obtención de energético
tiene la máxima prioridad nacional; iniciativa que se calificó de violatoria de
los derechos humanos de
la población y del medio ambiente.
Claudia Campero, integrante de la Alianza, dijo que esto es sumamente
grave si se tiene en cuenta, además, que el gobierno está impulsando la
explotación de hidrocarburos no convencionales mediante la dañina técnica
del fracking. “Esta Ley establece en su artículo 91 que la industria
de hidrocarburos es de utilidad pública y que la exploración y extracción de
estos recursos es de interés social y orden público. Ello implicará que la explotación del gas y el petróleo siempre
tendrá prioridad sobre el uso del territorio”. Lo cual pone a la
población en desventaja a la hora de negociar un precio razonablemente justo
por la renta de sus tierras.
También señaló que no es posible que la misma Federación vaya a ser juez
y parte en los diversos juicios que se lleguen a entablar en materia de protección
ambiental derivados de las nuevas explotaciones de energía, ya que se
presentará una grave debilidad de la política ambiental que supondría la
aprobación de la Ley de la Agencia
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del
sector hidrocarburos.
Ya que la creación de esta Agencia supondría la fragmentación y la
reducción de la autonomía de la política ambiental sin atender las deficiencias
que la aquejan y que harían suponer que la Secretaría de Medio Ambiente
(Semarnat), sería sólo oficina de trámites para el permitir diversas
explotaciones de energéticos así como el no sancionar en los casos que llegue a
presentarse problemas ambientales, tal y como fue la pasada omisión del titular
de la Semarnat, ante el aumento de emisiones de Pemex, y que dicho funcionario
federal no mostró ningún tipo de acción al respecto.
En comunicado de prensa, este organismo detalló que “esto se daría en un
contexto en el que se mantendría un Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) débil,
que ya presenta serias deficiencias para asegurar la protección del medio
ambiente y la población frente a los proyectos de desarrollo, sin que la Ley
incluya medidas para su fortalecimiento”.
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