En
el marco de la 21 Conferencia de las Partes (COP21), diversas
organizaciones ambientalistas hicieron un pronunciamiento público
dirigido
a los Estados parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, organizaciones y alianzas nacionales que
integran la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking piden que las
actividades de fracking o
fracturación hidráulica sean prohibidas "para enfriar el
planeta" debido a que, entre otros impactos, éstas emiten gases
de efecto invernadero y contribuyen al calentamiento del planeta.
Durante
el ciclo de extracción, procesamiento, almacenamiento, traslado y
distribución de los hidrocarburos no convencionales extraídos
vía fracking,
se libera metano que, como gas de efecto invernadero, es 87 veces más
activo que el dióxido de carbono en un margen temporal de 20 años,
lo que provoca mayor calentamiento global, se explica en el
pronunciamiento.
El
documento será presentado por la Alianza Mexicana contra el
Fracking, la Asociación Ambiente y Sociedad, la Asociación
Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Food & Water
Watch, Freshwater Action Network México, la Fundación Heinrich Böll
- México, Centroamérica y El Caribe, el Instituto Brasileiro de
Analises Socias e Economicas (IBASE) y el Observatorio Petrolero Sur
(OpSur).
Las
organizaciones expondrán además la situación que se vive
actualmente en América Latina respecto de la fracturación
hidráulica. Pese a que el uso de esa técnica experimental es
contrario a los compromisos nacionales e internacionales para reducir
las emisiones contaminentes, varios países de la región -entre
ellos México, Colombia, Argentina, Chile y Bolivia- han iniciado
actividades de exploración o explotación de hidrocarburos no
convencionales a través del fracking.
"El fracking está
avanzando a ciegas en América Latina, sin que existan estudios
integrales y de largo plazo sobre los riesgos y daños graves e
irreversibles que puede causar en la salud de las personas y en el
ambiente", dijo Ariel Pérez Castellón, abogado de AIDA. "Las
operaciones de este tipo en la región no han respetado derechos
humanos fundamentales como la consulta y el consentimiento previo,
libre e informado; el derecho a la participación y control social; y
el derecho a la información", manifestó por su parte Milena
Bernal, abogada de la Asociación Ambiente y Sociedad.
Según
las organizaciones, el fracking se
está abriendo paso en comunidades indígenas, campesinas, barrios
urbanos e incluso en Áreas Naturales Protegidas. Ello ha ocasionado
el desplazamiento de personas y de actividades productivas como la
ganadería y agricultura, cuya convivencia con esta técnica es
imposible.
De
modo paralelo al inicio de estas operaciones, ha crecido el rechazo a
ellas. "Prueba de esto son las redes nacionales e
internacionales de oposición a esta técnica, así como los más de
50 municipios que la han prohibido en Argentina, Brasil y Uruguay",
indicó Diego di Risio, investigador del Observatorio Petrolero Sur.
"Como
parte de nuestro pronunciamiento, urgimos a los Estados parte de la
Convención a la firma de un acuerdo vinculante que reduzca eficaz y
oportunamente los gases de efecto invernadero e incorpore a los
derechos humanos dentro del texto legal; a la aplicación del
principio precautorio para prohibir el fracking;
y al impulso de las energías renovables y el desincentivo a la
extracción de combustibles fósiles", expresaron Claudia
Campero Arena, investigadora de Food & Water Watch, y Moema
Miranda, directora de Ibase.
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