Expusieron ante CIDH la destrucción biodiversa de México

Se dio a conocer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió una audiencia a organizaciones sociales, académicos y representantes de comunidades indígenas para hablar sobre la destrucción que se está llevando a cabo en el país del patrimonio biocultural de México debido a la autorización de diversos megaproyectos, así como por la ausencia de legislación y política pública culturalmente adecuada para los pueblos indígenas y comunidades equiparables.

Catorce organizaciones de la sociedad civil, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCSS) y los pueblos maya, nahua de la Sierra Norte y la tribu Yaqui, solicitaron a la CIDH audiencia temática para exponer un patrón sistemático de violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y campesinos.

En dicha audiencia se expuso que en México el 70% del territorio tiene potencial minero, y que el 35% del territorio nacional ha sido concesionado entre los años 2000 y 2010 por un total de más de 29 mil concesiones mineras otorgadas por la Federación. En donde alrededor del 17% de estas concesiones -5,087 títulos- se encuentran dentro de alguno de los territorios indígenas.

En algunos casos, las concesiones ocupan todo el territorio ancestral como es el caso de kiliwas, kikapoo, cucapás, pimas y guarijios. En la Sierra Norte de Puebla, el gobierno ha expedido 103 concesiones mineras, correspondientes a 912 mil 281 hectáreas, espacio que representa el 18% de ese territorio. Dichas concesiones se traslapan con los territorios ancestrales del pueblo nahualt y totonaco.
Otro de los temas vinculados al patrimonio biocultural que será expuesto ante la CIDH son las autorizaciones para la siembra de organismos genéticamente modificados (OGMs) en México y la amenaza que esto representa para el maíz, alimento ancestral y fundamental de la cultura y sobrevivencia de los y las mexicanos.
En comunicado de prensa se detalló que "debido a la política del Estado en parte del país, se ha sustituido el maíz indígena por el mejorado e híbrido, principalmente en áreas de riego y de temporal con buenas condiciones de lluvias anuales. El 92% proviene de pocas empresas transnacionales,
que no tienen la obligación de certificar de dónde obtuvieron su germoplasma y tiene la protección de obtentores en la ley de semillas de 2007".
Así mismo, en la Península de Yucatán han sido autorizados, sin consulta previa libre e informada al pueblo maya -tal como lo contempla el Convenio 169 de la OIT-, varios permisos para siembra de soya genéticamente modificada, entre los que destaca un permiso para siembra comercial de 253 mil hectáreas. Ante esta arbitrariedad comunidades y organizaciones mayas de los estados de Campeche y Yucatán interpusieron tres amparos, en cuyas sentencias el Poder Judicial reconoce la arbitrariedad, falla a favor del pueblo maya y deja sin efecto este permiso. Actualmente, dos de estos tres juicios están a cargo de tribunales colegiados y uno de ellos ha sido atraído, dada su relevancia, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cabe mencionar que, aún con las sentencias que prohíben estos cultivos y en claro desacato a la restricción judicial, este año se sembró soya transgénica en el estado de Campeche.
Las peticiones que se harán a la CIDH incluyen realizar un trabajo masivo de difusión en su Informe Regional sobre el Derecho a la Consulta; solicitar información al Estado mexicano respecto de los mecanismos de consulta vigentes en casos de proyectos de supuesto interés público y los mecanismos para evaluar la sostenibilidad ambiental de los proyectos y su impacto sobre el patrimonio biocultural, sobre todo en el contexto de la reforma energética; que la Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas realice una visita en conjunto con el Comisionado responsable en México, a fin de que recuerden al Estado mexicano sus obligaciones internacionales, específicamente relacionados con el derecho a la consulta, a la participación y a la información, al derecho de acceso a la justicia, así como a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. 

No puede supeditarse la ciencia a interés económico, en el caso de OGM

En conferencia de prensa, La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) fijó su postura sobre la retractación del estudio de Gilles-Eric Seralini y colaboradores, sobre el efecto del consumo de transgénicos u organismos genéticamente modificados (OGM) en ratas, y compartió muchos más estudios que demuestran daños en salud por consumo de alimentos derivados de transgénicos y de los agrotóxicos asociados a su producción.

Elena Álvarez-Buylla, científica de la UNAM y de la UCCS señaló que en el caso de los OGM y su ciencia relacionada no puede ser denostados en algunos medios de comunicación por interés de las empresas.

Señaló que los resultados científicos fundamentan una prohibición total a la liberación de maíz transgénico en su centro de origen, como es México, ya que de lo contrario, la acumulación de transgenes se tornaría irreversible, y con ello se cancelaría la soberanía alimentaria, y se afectaría negativamente a los campesinos, a la producción del alimento básico y la salud de los mexicanos, así como a la seguridad alimentaria mundial.

Sobre el artículo de Gilles-Eric Séralini, dijo que dicho estudio encontró efectos tóxicos severos (daños al hígado, una mayor mortalidad en ratas y mayor propensión a tumores cancerígenos) en ratas alimentadas con maíz transgénico NK603® de Monsanto y por el herbicida glifosato, asociado a estos cultivos transgénicos y vendido por la misma compañía.

“La retractación de este artículo carece de argumentos científicos y viola la buena práctica científica, mientras que se ha ignorado la opinión de los expertos que aprobaron el artículo. Como sucedió con la retractación del artículo de Quist y

Chapela en el 2001, en que se alertaba del peligro de escape de los transgenes a zonas no autorizadas para su siembra, en este caso se violan principios éticos fundamentales de la ciencia, a favor de intereses privados”.

En comunicado de prensa se informó que “éste no es el único estudio sobre impactos negativos en salud por el consumo de alimentos derivados de transgénicos”. Y compartieron una carta que David Schubert, experto en inmunología del Instituto Salk, de Estados Unidos, envió en fechas recientes al

Presidente de México, Enrique Peña Nieto para informar sobre el tema, pero se lamentó que al momento no se ha dado respuesta a la misma. En dicha carta se resumen múltiples estudios que apuntan a que el consumo de transgénicos y los agrotóxicos que deben usarse en asociación con los mismos.

Ello debido a que la contaminación de maíz OGM impondría graves riesgos al ambiente y a la salud; además que implicaría un mega-experimento al que se sometería a 115 millones de mexicanos para cotejar la inocuidad del grano de maíz transgénico. “Los mexicanos seríamos sustitutos de conejillos de indias, desinformados e inermes y por nuestra cuenta propia y riesgo, pero sin contar con consentimiento explícito o controles, como se exige en cualquier estudio científico”, se denunció.