La Junta Directiva internacional del Fondo Verde Climático
acreditó a 13 entidades para el manejo del financiamiento que el Fondo otorgará
para actividades de adaptación y mitigación del cambio climático, pero se
denunció que estas entidades acreditadas no fueron analizadas debidamente.
Esto fue informado durante la décima reunión de la Junta en
Songdo, Corea del Sur, y que fue catalogado como un proceso poco transparente,
ya que no se tomó en cuenta que algunas (entidades) de ellas habían sido
penalizadas por financiar terrorismo y lavado de dinero, y que su cartera
principal de financiamiento son los combustibles fósiles.
Tampoco consideró que algunas de ellas no demostraron
capacidad suficiente para manejar proyectos de cambio climático de alto riesgo
que pueden conllevar impactos sociales y ambientales irreversibles, y que no
cumplen con estándares fiduciarios internacionales para manejar ese tipo de
actividades.
Al respecto, Andrea Rodríguez, abogada sénior de la
Asociación Interamericana para la Defensa de los Derechos Humanos (AIDA) y
observadora de la sociedad civil durante las reuniones de la Junta Directiva
del Fondo, dijo que "estamos decepcionados al ver que el Fondo Verde
Climático muestra un comportamiento orientado a los negocios, nada diferente a
otros organismos financieros; ello no ayuda a que el Fondo contribuya a un
cambio paradigmático y brinde mayor acceso a recursos a los actores
locales".
El proceso de toma de decisiones para la acreditación de las
13 entidades no fue transparente ya que no se conocieron los nombres de los
candidatos sino hasta que la decisión fue tomada. Pese a ello, las
organizaciones de la sociedad civil lograron obtener información para
identificar los antecedentes inadecuados de algunas de las entidades que
buscaban ser acreditadas y solicitaron a la Junta decidir caso por caso.
Pidieron además que la Junta evalúe la existencia de evidencia suficiente sobre
la capacidad de estas instituciones para el manejo de proyectos de alto riesgo,
y asegure que sólo las mejores entidades sean acreditadas.
Sin embargo, la Junta optó por tomar una decisión
apresurada. Revisó las propuestas en una Sesión Ejecutiva, es decir secreta, y
acreditó a las 13 entidades en conjunto sin considerar sus antecedentes
problemáticos. "Al actuar de ese modo, la Junta pone en riesgo la
reputación, credibilidad y legitimidad del Fondo Verde", señala Rodríguez.
La Junta Directiva debe asegurar que las entidades que
buscan acreditación cumplan con todos los estándares requeridos para acceder a
los recursos del Fondo. De ello depende también que países en desarrollo
accedan al financiamiento necesario para implementar acciones frente a los
daños cada vez más severos del cambio climático. Y es vital también que la
Junta garantice procesos transparentes de toma de decisión.
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