La
postergada decisión del gobierno de Estados Unidos de decretar un embargo
pesquero contra México, motivado por la mortandad de tortugas caguama en el
Golfo de Ulloa, en Baja California Sur, constituye un alto riesgo para el país
que puede tener graves consecuencias económicas. De ahí la relevancia de que el
gobierno mexicano elabore e implemente de manera urgente y efectiva un
ordenamiento pesquero en la región.
El
gobierno de Estados Unidos pospuso hasta mayo de este año su decisión de
certificar a México y evitar sanciones comerciales de al menos 400 millones de
dólares debido a la mortandad de tortugas caguama en el Golfo de Ulloa, BCS.
Por
ello, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la organización
Defenders of Wildlife, consideraron que sería preocupante que el gobierno de
Estados Unidos imponga sanciones económicas unilaterales e injustas y que
llegue a suceder lo mismo que con el problema del atún-delfín.
Alejandro
Olivera, coordinador de políticas públicas del Centro Mexicano de Derecho
Ambiental, sede noroeste, dijo que "es por ello que esperamos en estos
días el resultado de las negociaciones de ambos países, y conocer si dejaron
pasar la gran oportunidad de actuar y brindar protección a las tortugas marinas
así como apoyo al sector pesquero".
A
través de su reporte bianual para el Congreso de los Estados Unidos, la
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) determinó que
"debido a que el Gobierno de México ha propuesto el establecimiento de una
zona de refugio (para las tortugas caguama) y demostrado el progreso hacia la
adopción de un programa regulador de captura incidental, el Servicio Nacional
de Pesquerías Marinas (NFMS) está retrasando su certificación determinación
hasta mayo de 2015 para determinar si la regulación implementada es comparables
en eficacia a relevantes medidas regulatorias de Estados Unidos".
Lo
anterior después de que hace dos años, en el anterior reporte de la NOAA, se
hubiera identificado a México como una nación que captura especies protegidas,
refiriéndose a la captura incidental de tortugas marinas en el Golfo de Ulloa,
Baja California Sur. El gobierno estadounidense reconoció en aquel entonces que
la cifra reportada por el gobierno mexicano de 438 tortugas amarillas
encontradas muertas en playa San Lázaro en esa misma región BCS sólo en julio y
agosto del año 2012 representa un indicador de que la mortandad es mucho mayor,
y que viola la ley de moratoria a la pesca con redes de deriva en altamar.
De
acuerdo con el reporte, los EUA basaron su decisión principalmente en informes
técnicos del Inapesca sobre captura incidental de tortugas que indican que en
promedio se capturan 2 tortugas por redes agalleras e informes de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de reuniones para discutir la
situación de la tortuga caguama en BCS en donde se informó de mortandad de 438
tortugas prietas en el 2012. Ahora después de dos años de la fiscalización de
la NOAA el gobierno mexicano no ha podido solventar el problema.
Añadió
que "a pesar que este proceso de evaluación no sólo ha sido del
conocimiento del gobierno mexicano desde el año pasado, la Comisión Nacional de
Acuacultura y Pesca (Conapesca) en México, no ha realizado el mínimo esfuerzo
para implementar un ordenamiento pesquero en la región, como tampoco ningún
esfuerzo de fondo para evitar un embargo pesquero".
A
la par de las negociaciones, el gobierno mexicano todavía sigue haciendo más
investigación conformando un grupo de expertos para analizar las posibles
diferentes causas de la mortandad de tortugas y verificar nuevos sistemas de
pesca. Los investigadores plantean al menos otro año de investigación ya que
los primeros estudios no arrojaron datos contundentes, favoreciendo el status
quo a través de la investigación.
Por
su parte, Juan Carlos Cantú, director de programas de Defenders of Wildlife de
México, dijo que "es claro que el problema en el Golfo de Ulloa es la
captura incidental en actividades pesqueras, y la CONAPESCA ha insistido en
desestimar la información de científicos nacionales y extranjeros, e incluso
han desestimado sus propios reportes e investigaciones que han encontrado lo
mismo que los científicos. No han hecho su trabajo para regular las pesquerías
y detener la captura incidental de una especie en peligro de extinción. Si
llega un embargo por parte de los EUA, será por culpa de la CONAPESCA".
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