La tendencia gubernamental de privatizar el recurso agua no es la respuesta para que las mayorías accedan a dicho bien, ni implica mejoría en sus condiciones de salud y en su calidad de vida, advirtió Beatriz Canabal Cristiani, investigadora de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Indicó
ello al presentar el libro El
Agua en los Pueblos del Sur de la Ciudad de México que coordinó con
el doctor
Nemer E. Narchi, ambos de esta casa de estudios, en dicho evento la
investigadora afirmó que es deber de las autoridades estatales
garantizar dicho acceso de una manera más equitativa, “sin que
para ello influyan la necesidad de ganar clientelas políticas o de
obtener beneficios económicos”.
Agregó
que la problemática ambiental y del agua de la zona sur de la ciudad
de México “es compleja y tiene que ver con diversidad de actores e
intereses”, por lo que ha merecido investigaciones desde distintas
disciplinas que han dado cuenta de un diagnóstico poco favorable.
Reconoció
que si bien ha habido propuestas de instancias gubernamentales que
han pretendido acercarse a las demandas básicas de la población,
éstas han adolecido de una mayor continuidad, coordinación,
eficiencia y equidad en la distribución de apoyos y financiamientos
para los proyectos en beneficio de la población local.
Por
su parte, Pedro Moctezuma Barragán, coordinador del Proyecto Sierra
Nevada, señaló que “en las últimas tres semanas asistimos al
descarrilamiento de la reforma neoliberal; en particular de la Ley
Korenfeld, que era el último vagón del tren de la reforma
energética”. Explicó que las reformas energética, de
telecomunicaciones, educativa, se aprobaron con mucha oposición
pública pero con una mayoría en el Congreso de la Unión.
En
el caso de la ley general de aguas se había dictaminado en
comisiones unidas –la de Agua Potable y Saneamiento y la de
Recursos Hidráulicos– e iba a entrar al pleno el martes tres de
marzo; sin embargo, como resultado de un proceso de más de tres años
de organización y de elaboración de una ley de aguas ciudadana, que
se hizo pública en tiempo y forma, y de acuerdo al transitorio de la
reforma al artículo 4° Constitucional de 2012, que exigía que la
ley se presentara en 360 días, los ciudadanos lo hicimos”.
Esto
nos permitió presentar la ley ciudadana el tres de febrero ante 22
senadores y 20 diputados de diversos partidos y ellos presentaron
esta ley en las cámaras, lo que ha generado un debate interno dentro
de los propios partidos. El PRD, por ejemplo, tuvo que argumentar que
no votaría en favor del dictamen a pesar de que el presidente de la
comisión de Recursos hidráulicos, Gerardo Gaudiano Rovirosa, lo
firmó y después postempore
firmó el voto particular que negaba el dictamen.
Lo
anterior llevó a una situación e incertidumbre de cara a las
elecciones de junio, pues en 26 estados de la República hubo
movilizaciones, opiniones en redes sociales y en la prensa,
cuestionando a los diputados si votarían esta ley.
Dijo
que “nosotros logramos tres años de educación hídrica en el país
y finalmente al presidente de la coordinación política de la Cámara
de Diputados le dio temor de que se impusiera esta ley a través de
su votación en el pleno el día tres de marzo, por las consecuencias
políticas que tendría a corto plazo, o sea las elecciones de junio
próximo”.
Por
primera vez en 26 años de reformas neoliberales, dijo, “se
descarriló esta ley que se veía ya como imposible de frenar y por
tanto es digno de celebración, porque es indicio de que la marea
está cambiando y de que las comunidades, los académicos y el pueblo
podemos ganar terreno para transformar nuestro país en uno a la
altura del siglo XXI y no uno colonial al estilo del siglo XIX”.
El
también investigador de la UAM afirmó que la ley Korenfeld tiene
como principal objetivo hacer viable el acceso al agua para
corporaciones extranjeras que están llegando a México, muchas veces
expulsadas de otros países que castigan sus malas prácticas en el
sector minero, minería tóxica, en el sector de fracturación
hidráulica, agroexportadores, geotermia, entre otros megaproyectos.
Advirtió
que para establecer proyectos de largo plazo, la ley permite a estas
empresas cláusulas mediante las cuales el Estado se compromete a
pagar, en caso de rescisión de contrato, las ganancias esperadas
hasta por 30 años.
Lo
anterior quiere decir que si se generan conflictos laborales o un
gobierno local decide que las aguas municipales son públicas y se
les rescinde el contrato, no se van sin haber cobrado ganancias
esperadas. Esto significa que hay una “tendencia muy peligrosa”
en el espíritu y la letra de esta ley.
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