México vende sus aguas nacionales

El proyecto “Conagua en Línea” y el levantamiento de vedas, recientemente anunciado por la Comisión Nacional del Agua (a través de Eugenio Barrios) del gobierno mexicano, representan una violación de los artículos 52 y 55 de la Ley Agraria, pues buscan poner enormes volúmenes de agua a la disposición de terceros, dio a conocer la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, Agua para la Vida.

Julio César Cervantes, de la Central Campesina Cardenista, explicó que el Registro Agrario Nacional señala que gran parte de las aguas puestas a disposición se encuentran en las 23.4 millones de hectáreas que son propiedad de los 7462 núcleos agrarios, formados a través de decretos presidenciales que les dotaron de tierras, aguas y bosques. 

Estas aguas forman parte de la propiedad social, conformada a través de dotaciones de tierras, aguas y bosques por decreto presidencial.  Estos derechos deben ser cuantificados y respetados por la Conagua.  De hecho, los poseedores originarios tienen el derecho a ser restituidos a través del artículo 792 del Código Civil Federal, en caso de que la Conagua infrinja su derecho de acceso al agua.

Siete de cada 10 ejidos conservan ecosistemas vitales para garantizar agua de calidad a futuro, y los sistemas ejidales y comunales de riego para la agricultura tradicional son vitales para la soberanía alimentaria.

Claudia Gómez Godoy, del Colectivo de Abogados, litigante del amparo contra los decretos de Enrique Peña Nieto (EPN) en Paso la Reina en Oaxaca, explicó que el artículo 2 constitucional, así como los instrumentos internacionales reconocen los derechos de los pueblos indígenas a cuidar y administrar las aguas en sus territorios. 

En todo el país, explicó Gómez Godoy, la Conagua ha aplicado las vedas de manera discriminatoria, otorgando grandes concesiones en zonas vedadas, a la vez que no se ha permitido a los pueblos indígenas registrar sus derechos sobre las fuentes de agua en sus territorios.

 “Conagua en Línea” y la expansión de los decretos de EPN a todo el país dejan a los pueblos especialmente vulnerables, porque permiten que cualquier empresa obtenga concesiones a sus ríos, manantiales o a las aguas subterráneas de las cuales dependen, sin su conocimiento o consentimiento. 

Desde que el expresidente Enrique Peña Nieto hizo la declaración de la “reserva del agua” en Chiapas en 2018, la Conagua ha asignado 127 millones de metros cúbicos anuales de agua al municipio de Chilón para “uso público urbano”, es decir, cualquier uso que el gobierno municipal determine.  El punto de extracción registrada es una cascada de una belleza extraordinaria. Esta zona, ubicada en territorio indígena tzeltzal, actualmente está bajo sitio por parte de paramilitares, y tanto el sacerdote del pueblo como el comité del agua han recibido amenazas de muerte. 

Otro ejemplo de la vulnerabilidad de los pueblos frente a esta política hídrica son las concesiones obtenidas por la empresa Walmart para construir una presa en territorio totonaca, donde pretende generar energía eléctrica para cubrir las necesidades de luz de todas sus tiendas en el país.

Gómez Godoy señaló que los funcionarios de la Conagua intentaron de compensar por estas violaciones de los derechos de los pueblos indígenas con un decreto “permitiendo” que personas indígenas o afromexicanas pudieran solicitar una concesión para 100 litros de agua por día.  La abogada explicó que los derechos de los pueblos indígenas no se refieren a que sean usuarios del agua y se midan en litros, sino que son como guardianes y administradores de las aguas en sus territorios. 

Mencionó que se está coordinando con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para que este derecho esté plenamente reconocido en la próxima Ley General de Aguas.

Por su parte, Miguel Ángel Montoya, consultor legislativo que tuvo un papel clave en la redacción de la reforma al artículo 4 constitucional, advirtió que el sistema de concesiones se encuentra en el centro del conflicto sobre la futura Ley General de Aguas. 

Explicó que grandes intereses, representados en el Consejo Coordinador Empresarial y CESPEDES, generaron una propuesta de ley que profundizaría y perpetuaría los mercados del agua (bajo el nombre “Centros de Transferencia”). 

Quien elaboró esta propuesta fue Gerente de Marco Legal para David Korenfeld (en la elaboración de la Ley Korenfeld) y hoy coordina la elaboración de la iniciativa de Ley General de Aguas de la Comisión Nacional de Aguas.

Mientras que Elena Burns, de Agua para Tod@s, explicó que la Ley de Aguas Nacionales tuvo el objetivo de poner las aguas nacionales bajo el control de “mercados del agua” como precondición para la firma del TLCAN. 

Entre 1992 y 2018, se otorgaron 536 mil concesiones a aguas superficiales y subterráneas, en violación de vedas, disponibilidades, derechos humanos, derechos de núcleos agrarios, derechos de pueblos indígenas y de terceros, y sin ningún sistema efectivo de control sobre la contaminación.  Por lo tanto, hoy en día, el agua en México es de quien tuvo los contactos más cercanos con la Conagua y de quien tiene el pozo más profundo y la bomba más potente.

La reforma Constitucional de 2012 exigió una nueva Ley General de Aguas en 360 días, la cual tendría que cambiar la lógica del manejo del agua: en vez del otorgamiento arbitrario por la Conagua de enormes concesiones seguido por dinámicas de compra y venta, ahora se tendría que garantizar su aprovechamiento y distribución sustentable y equitativa, bajo un esquema de participación ciudadana y gubernamental.

Sin embargo, existe un fuerte bloque de intereses que buscan eliminar las vedas y acelerar el concesionamiento de todas las aguas nacionales—con el fin de garantizar el control privado sobre el agua antes de que entre en vigor una ley centrada en los derechos humanos y de los pueblos. 

Burns advirtió que los siguientes estados están especialmente vulnerables, dado que la Conagua está ofreciendo concesiones a sus aguas en línea, a pesar de que se están acercando el día cero, según el reciente informe del World Resources Institute: Baja California Sur; Guanajuato; Ciudad de México; Aguascalientes; Estado de México; Querétaro; Hidalgo; Chihuahua; Zacatecas; Sonora; Sinaloa; Nuevo León; Morelos; Jalisco y Tamaulipas.

Sin embargo, existe un fuerte bloque de intereses que buscan eliminar las vedas y acelerar el concesionamiento de todas las aguas nacionales—con el fin de garantizar el control privado sobre el agua antes de que entre en vigor una ley centrada en los derechos humanos y de los pueblos. 

Los expositores hicieron un llamado al gobierno a detener el otorgamiento de concesiones en tanto no se acate el mandato de aprobar una Ley General de Aguas que acate el artículo 4° constitucional.

La Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, que será presentada próximamente, con el 150% de las firmas requeridas, plantea un esquema que permitiría poner fin a la mercantilización, el acaparamiento, la especulación, la sobreexplotación y la contaminación impune de las aguas nacionales.

Privatizan el 55% del agua del país

El presidente Enrique Peña Nieto utilizó la figura legal de los decretos para modificar el estatuto de las vedas existentes sobre 40 por ciento de las cuencas del país, que contienen 55 por ciento de las aguas superficiales de la nación, para de esta manera permitir que Estados y municipios tengan a su libre arbitrariedad el concesionar el agua para proyectos industriales.

Este hecho se consiguió con la firma de diez decretos que modificaron un estatus de veda que existía sobre 300 cuencas hidrológicas de las 756 que existen en el país. Lo que se autoriza eliminar la "prohibición que había para la entrega de permisos de extracción de agua" en esas cuencas, denunciaron diversas organizaciones ambientales, que este decreto se saltó cualquier tipo de diálogo con comunidades locales y cambia el uso y manejo del agua para uso poblacional como industrial, destacando el caso del fracking en el norte del país. Sistema que requiere de grandes cantidades de agua.

Se informó que los decretos abren la puerta para que 55 por ciento del vital líquido se utilice para fines lucrativos, ya sea privatizando directamente el manejo del agua en organismos operadores empresariales, municipales o entregando concesiones de agua para las distintas empresas extractivas del país, como son minería, hidrocarburos, turística, o inmobiliaria.

Estas cuencas se ubican en 20 estados del país, y que Peña Nieto deja abierta la puerta para el control de la dotación del líquido para la población, situación que viola los derechos internacionales de los derechos humanos de acceso a un agua adecuada para la supervivencia.

El titular de la Federación eliminó la prohibición que había para la entrega de permisos de extracción de agua en esas zonas bajo el pretexto de que servirían para establecer reservas de agua para áreas naturales protegidas y la naturaleza para los próximos 50 años, denunciaron organizaciones civiles.

Pero, estos decretos se detalló que abren la puerta para que el agua se privatice y se destine a actividades industriales, mineras, energéticas, ya que se privatiza directamente el manejo del agua en organismos operadores empresariales municipales o entregando concesiones de agua para empresas.

Los decretos abarcan las cuencas de los ríos Grijalva-Usumacinta (Chiapas, Tabasco y Campeche); Papaloapan (Oaxaca, Puebla y Veracruz); Pánuco (Estado de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León); Costa Chica de Guerrero y Costa Grande (Guerrero y Oaxaca); San Fernando Soto la Marina (Tamaulipas y Nuevo León); Santiago (Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, y Zacatecas); Actopan-Antigua (Veracruz y Puebla); Costa de Jalisco (Colima y Jalisco); y Ameca (Nayarit y Jalisco).

Estos decretos se suman a los emitidos en los ríos San Pedro Mezquital(2014), Fuerte (2016) y Coatzacoalcos (2018), que son cerca de 300 cuencas de las 756 del país, en 20 estados y representan la protección del 55% del volumen de agua superficial a nivel nacional.

De acuerdo a las organizaciones civiles que están denunciado estos hechos, los  decretos de Peña Nieto, favorecen los trasvases de agua a gran escala como son los megaproyectos hidráulicos y se aprueba que empresas realicen despojos de bienes comunes. Aunado a poder quitarles el agua a las comunidades indígenas o agrarias, so pretexto de tener proyectos energéticos como urbanos que tendrán prioridad para las autoridades, sin importar que se le quite el agua a miles de personas.

Cabe mencionar que estos decretos extinguen las concesiones sin título vigente y se estima que hay alrededor de 50 mil en esa situación, que tienen sus documentos caducos, ya que muchos núcleos agrarios tienen las dotaciones del líquido por decreto presidencial, pero esta figura cambió en la ley de Aguas Nacionales enfocado sus proyectos con  visión empresarial, pese a los daños en zonas rurales, agropecuarias, indígenas; bajo el argumento de apoyar a empresas que se apoderarán del agua.

ENCARCELA MÉXICO A DEFENSORES DEL AGUA

En México la defensa del agua por medios legales y más siendo, población de escasos recursos, es penado con cárcel, ejemplo de ello es que hace 14 años que seis indígenas náhuatl (originarios de Tierra Colorada, en San Pedro Tlanixco, Estado de México) están en una prisión de máxima seguridad; por defender el río de su poblado, pero la justicia los condenó ilegalmente por el asesinato de un empresario; sus abogados aseguran que son inocentes.

Los condenados eran defensores del agua de su comunidad, que “no la quiere para lucrar con ella, sino para vivir”, dice Alejandra Peña, abogada del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, que lleva la defensa de dos de los imputados, entre ellos la única mujer del grupo, la señora Dominga González Martínez.

En este caso el conflicto derivo en que la comunidad estaba inconforme por no poder usar el agua del Río Texcaltenco, que hasta 1989 les brindaba de agua de forma cotidiana. Pero el gobierno mexicano, vía la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la concesionó a los productores floricultores de Villa Guerrero, dejando a los poblados indígenas sin agua.

La gestión desigual del agua por parte del Estado mexicano ha desatado ya varios conflictos sociales y también la criminalización de sus defensores.

En su Informe anual sobre la situación de personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 2017, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) denunció el incremento de las agresiones a estos representantes por parte del Estado mexicano. La organización reportó que de 2010 a 2017 se han registrado 391 casos de agresiones. En el periodo de julio de 2016 a diciembre de 2017 se produjeron 88 ataques, 16 por ciento de esos corresponden a criminalización.

JUSTIFICA CONAGUA EL REGALAR AGUA A EMPRESAS

De acuerdo a la CONAGUA los decretos de reserva de agua no privatizan el agua, sino que garantizan el agua para el consumo humano de generaciones futuras de mexicanos y para preservar el medio ambiente

Los diez Decretos de Reserva de agua publicados el pasado 6 de junio en el Diario Oficial de la Federación de ninguna forma otorgan beneficios para ningún particular, por el contrario, permitirán preservar el medio ambiente y garantizar el agua para el consumo humano de 18 millones de habitantes que aún no nacen, en una proyección a 50 años.

Con estos decretos, 295 de las 757 cuencas del país habrán de preservar sus ecosistemas en las condiciones que hoy se conocen, gracias a que se garantiza el escurrimiento de agua en los ríos para tal fin, ya que el principal motor de la captación de agua son estos ecosistemas.

Para decretar la reserva, se realizó un largo proceso donde participaron diferentes actores sociales, representados en los Consejos de Cuenca para poder hacer uso de la disponibilidad de agua ya existente en las cuencas involucradas y destinarla exclusivamente para la población y preservación del medio ambiente, como se establece en los decretos, consulta que grupos de activistas indican no se efectuó y menos que la CONAGUA se sentará a la mesa con grupos indígenas.

Argumenta el organismo que estas medidas se hacen a los países por parte de organismos internacionales como la International Water Resources Association y el World Resources Institute, para buscar preservar el vital líquido. Dichos organismos recomiendan que se reserve como mínimo el 35 por ciento del escurrimiento medio anual de agua para el consumo de la población y para el cuidado del medio ambiente.

Con las medidas adoptadas México supera en 12%, las recomendaciones internacionales en cuanto al volumen de agua asociado a caudal ecológico, con lo cual estamos siendo más previsores ambientalmente que países del primer mundo.

En conclusión, las reservas de agua decretadas buscan que el agua disponible en las cuencas se guarde para las futuras generaciones y para el cuidado del medio ambiente, claramente se expresa en las mismas el destino medio ambiental y de uso público urbano, por lo que cualquier interpretación contraria solo busca desorientar y mal informar a la población.

La privatización del agua no garantiza su acceso universal

La tendencia gubernamental de privatizar el recurso agua no es la respuesta para que las mayorías accedan a dicho bien, ni implica mejoría en sus condiciones de salud y en su calidad de vida, advirtió Beatriz Canabal Cristiani, investigadora de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Indicó ello al presentar el libro El Agua en los Pueblos del Sur de la Ciudad de México que coordinó con el doctor Nemer E. Narchi, ambos de esta casa de estudios, en dicho evento la investigadora afirmó que es deber de las autoridades estatales garantizar dicho acceso de una manera más equitativa, “sin que para ello influyan la necesidad de ganar clientelas políticas o de obtener beneficios económicos”.

Agregó que la problemática ambiental y del agua de la zona sur de la ciudad de México “es compleja y tiene que ver con diversidad de actores e intereses”, por lo que ha merecido investigaciones desde distintas disciplinas que han dado cuenta de un diagnóstico poco favorable.

Reconoció que si bien ha habido propuestas de instancias gubernamentales que han pretendido acercarse a las demandas básicas de la población, éstas han adolecido de una mayor continuidad, coordinación, eficiencia y equidad en la distribución de apoyos y financiamientos para los proyectos en beneficio de la población local. 

 

Por su parte, Pedro Moctezuma Barragán, coordinador del Proyecto Sierra Nevada, señaló que “en las últimas tres semanas asistimos al descarrilamiento de la reforma neoliberal; en particular de la Ley Korenfeld, que era el último vagón del tren de la reforma energética”. Explicó que las reformas energética, de telecomunicaciones, educativa, se aprobaron con mucha oposición pública pero con una mayoría en el Congreso de la Unión.

En el caso de la ley general de aguas se había dictaminado en comisiones unidas –la de Agua Potable y Saneamiento y la de Recursos Hidráulicos– e iba a entrar al pleno el martes tres de marzo; sin embargo, como resultado de un proceso de más de tres años de organización y de elaboración de una ley de aguas ciudadana, que se hizo pública en tiempo y forma, y de acuerdo al transitorio de la reforma al artículo 4° Constitucional de 2012, que exigía que la ley se presentara en 360 días, los ciudadanos lo hicimos”.

Esto nos permitió presentar la ley ciudadana el tres de febrero ante 22 senadores y 20 diputados de diversos partidos y ellos presentaron esta ley en las cámaras, lo que ha generado un debate interno dentro de los propios partidos. El PRD, por ejemplo, tuvo que argumentar que no votaría en favor del dictamen a pesar de que el presidente de la comisión de Recursos hidráulicos, Gerardo Gaudiano Rovirosa, lo firmó y después postempore firmó el voto particular que negaba el dictamen.

Lo anterior llevó a una situación e incertidumbre de cara a las elecciones de junio, pues en 26 estados de la República hubo movilizaciones, opiniones en redes sociales y en la prensa, cuestionando a los diputados si votarían esta ley.

Dijo que “nosotros logramos tres años de educación hídrica en el país y finalmente al presidente de la coordinación política de la Cámara de Diputados le dio temor de que se impusiera esta ley a través de su votación en el pleno el día tres de marzo, por las consecuencias políticas que tendría a corto plazo, o sea las elecciones de junio próximo”.

Por primera vez en 26 años de reformas neoliberales, dijo, “se descarriló esta ley que se veía ya como imposible de frenar y por tanto es digno de celebración, porque es indicio de que la marea está cambiando y de que las comunidades, los académicos y el pueblo podemos ganar terreno para transformar nuestro país en uno a la altura del siglo XXI y no uno colonial al estilo del siglo XIX”.

El también investigador de la UAM afirmó que la ley Korenfeld tiene como principal objetivo hacer viable el acceso al agua para corporaciones extranjeras que están llegando a México, muchas veces expulsadas de otros países que castigan sus malas prácticas en el sector minero, minería tóxica, en el sector de fracturación hidráulica, agroexportadores, geotermia, entre otros megaproyectos.

Advirtió que para establecer proyectos de largo plazo, la ley permite a estas empresas cláusulas mediante las cuales el Estado se compromete a pagar, en caso de rescisión de contrato, las ganancias esperadas hasta por 30 años.

Lo anterior quiere decir que si se generan conflictos laborales o un gobierno local decide que las aguas municipales son públicas y se les rescinde el contrato, no se van sin haber cobrado ganancias esperadas. Esto significa que hay una “tendencia muy peligrosa” en el espíritu y la letra de esta ley.

Aprueban ley Conagua que privatiza el agua

Sin discusión suficiente y sin haber convocado a participar a las y los académicos, a los grupos interesados y a la sociedad civil, se aprobó el dictamen de la Ley General de Aguas en las Comisiones de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados. Esta Ley tiene como razón de ser garantizar el derecho humano al agua a todas y todos los habitantes de México, objetivo que queda muy lejos de ser satisfecho por esta iniciativa porque contraviene estándares internacionales.  

Los diputados aprobaron un dictamen que conocieron pocas horas antes sin tener el estudio y soporte técnico y científico suficiente y necesario que permitiera sustentar su voto a favor o en contra del contenido de la iniciativa.  

Ello fue denunciado por diversas organizaciones no gubernamentales, que en comunicado de prensa ejemplificaron esta violación a los derechos humanos con el artículo 49, el cual señala que "es obligación de las autoridades garantizar el derecho humano al agua de los asentamientos humanos", estableciendo para ello un mínimo vital de 50 litros diarios por persona. Esto es incorrecto porque el derecho humano al agua corresponde a las personas, no a los asentamientos humanos, tal como lo establece el texto del artículo 4 constitucional que da origen a esta ley; además, el concepto de asentamientos humanos implica una serie de condiciones en donde la dispersión territorial de muchas localidades rurales e indígenas hace que se puedan quedar fuera de tal definición.  

 Asimismo, se ha señalado que la dotación de 50 litros diarios por persona no satisface el criterio de protección más amplia a las personas, conforme al artículo 1 de la Constitución y a criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación, ya que el estándar idóneo señalado por la Organización Mundial de Salud (OMS) -máxima autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas del cual México forma parte-, ha señalado que el acceso óptimo que representa el riesgo más bajo para la salud de las personas corresponde a 100 litros diarios por persona. Tanto la exposición de motivos de la iniciativa como el dictamen aprobado omiten dar razones técnicas o científicas necesarias para poder justificar la dotación de los 50 litros propuestos.  

ACADÉMICOS DE LA UNAM RECHAZARON LA LEY CONAGUA

La iniciativa de Ley General de Aguas propuesta por los diputados Kamel Athié Flores (PRI), presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento; José Antonio Rojo García de Alba (PRI), presidente de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego; Sergio Augusto Chan Lugo (PAN), secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos; y Gerardo Gaudiano Rovirosa (PRD), presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, es una iniciativa que carece del total respaldo científico, es una iniciativa que como académicos no reconocemos. Nos pronunciamos en particular sobre los siguientes elementos y nos solidarizamos con las demandas de la sociedad civil organizada que han sido presentadas en distintas formas, como la Iniciativa Ciudadana.  

Como miembros de la academia de la UNAM señalamos que la iniciativa de Ley:

Criminaliza la investigación científica y toda forma de estudio.

La propuesta de Ley busca eliminar todo cuestionamiento y crítica que la sociedad civil organizada o de forma individual ha realizado con base en la investigación científica y otras formas de estudio.

La Iniciativa propone:  

Artículo 148. Los interesados en realizar obras de exploración, estudio, monitoreo, reinyección y remediación[1] en acuíferos sobreyacentes y subyacentes o en bienes nacionales a que se refiere esta ley deben solicitar permiso a la Comisión en los términos que establezca el Reglamento, así como los criterios técnicos y ambientales que determine la autoridad competente.  

Artículo 267. La Comisión sancionará conforme a lo previsto por esta Ley, las conductas siguientes

 XXVI. Realizar obras de exploración, estudio, monitoreo, reinyección y remediación sin contar con el permiso[2] correspondiente.

ARTÍCULO 269. Las faltas a que se refiere el artículo 267 de esta ley serán sancionadas administrativamente por la Comisión con multas entre 200 y 50,000 días de salario mínimo general vigente en el DF en el momento en que se cometa la infracción.

Los verbos de estudio, exploración, monitoreo y remediación, son actividades que son y pueden ser realizadas por el sector académico y la sociedad civil. La Iniciativa no define estudio, exploración y monitoreo, en el caso de remediación la definición no indica a qué personas la actividad, entonces las sanciones propuestas aplican a toda aquella persona que realice cualquier forma de estudio, monitoreo, exploración o remediación, será sancionada sino cuenta con la autorización de la CONAGUA.  

Con esto, todas aquellas personas que hemos cuestionado el desempeño histórico de la administración del agua por parte de las instituciones de la administración pública, seremos sancionadas.  

La investigación científica no sólo hace uso de la información publicada por las instancias de gobierno, también requiere de generar nueva información para actualizar el conocimiento. Los artículos arriba mencionados se contradicen con lo señalado en otros artículos de la misma Iniciativa, como aquellos contenidos en el Título Octavo Conocimiento y protección de los recursos hídricos[i]; Sección Primera. Ciencia y Tecnología, Sección Segunda. Profesionalización y Certificación

o como en la Sección Tercera. Comisión Nacional del Agua.

La Ley legaliza la CONTAMINACION DEL AGUA

La actual definición indica que si naturalmente el agua presenta una concentración de "x'' elemento menor a lo señalado en las normas relativas, entonces se puede incorporar. Esto es grave en el contexto de que las actuales normas no incorporan la totalidad de los elementos o sustancias para evaluar correctamente los impactos ambientales. Además de que para asegurar los ecosistemas se requiere proteger la calidad natural del agua a lo largo de todo el ciclo hidrológico.

La iniciativa propone:

ARTÍCULO 10, XVII.

Contaminación: incorporación al agua de elementos físicos, químicos o biológicos en concentración superiores a las permisibles conforme a las normas relativas a la calidad de las aguas.

Elimina la participación ciudadana

La participación ciudadana ha siempre estado restringida, en este caso se ratifica tal carencia al remitirse que esta participación será a través de los Consejos de Cuenca, los cuales tipifican que la participación ciudadana a través de las cámaras industriales, de regantes, entre otras (CONCANACO, CONCAMIN, CANACINTRA, etc.)  

La iniciativa presenta un capítulo de participación ciudadana escrito de tal forma que la real participación ciudadana, es decir, todas aquellas personas que trabajan por el Derecho Humano al Agua y el desarrollo sustentable, no están representadas justamente en los Consejos de Cuenca. En dichos Consejos de Cuenca se propone que el 60 % serán Representantes de Concesionarios en diferentes usos y Organizaciones Ciudadanas o No Gubernamentales. Sin embargo queda aun menos claro cuando en el artículo Artículo 61 se menciona sin definición al Consejo Consultivo del Agua

Que en conjunto con la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, la Asociación Nacional de Usuarios de Riego, entre otras organizaciones de la sociedad civil, a solicitud del Ejecutivo Federal, podrán evaluar, analizar, asesorar y recomendar respecto a los retos nacionales prioritarios o estratégicos relacionados con la gestión del agua.

ESTA LEY ABRE LA PUERTA A QUE EL AGUA SEA UN BIEN ECONÓMICO NO HUMANO: UAM

Pedro Moctezuma Barragán, profesor-investigador de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y responsable del proyecto de Investigación Sierra Nevada, informó que “en este momento nos interesa que la gente se entere y nos preparemos para cambiar la situación, que en el poder legislativo es muy desfavorable. Vamos a apoyar la impugnación de los diputados que se opusieron y a involucrar a la Camara Receptora el Senado (integrada por 19 senadores, quienes ya firmaron nuestra iniciativa); en este momento es importante que conozcamos las opciones porque se puede convertir lo malo en bueno”.

 Señaló que es fundamental mantener una cercanía con la Cámara de Senadores, ya que tras el proceso que atravesó la ley en la Cámara de Origen la ley deberá ser aprobada por la Camara Receptora, y agregó que si bien se trata de una lucha desigual es necesario llevarla a cabo para evitar mayores despojos, un asunto ligado a la reforma energética así como a los compromisos del actual gobierno sostenido con empresas extranjeras.

Con respecto a las iniciativas ciudadanas indicó que no fueron consideradas en el reciente dictamen a pesar de tratarse de una propuesta legal largamente elaborada por 450 investigadores que fue entregada el pasado 9 de febrero a un grupo de diputados en el Club de Periodistas, de hecho esta misma iniciativa se llevó al Senado el 23 de febrero.

Asimismo, resaltó la labor esencial que la UAM realiza en defensa de los derechos del agua y continuará informando de este proceso como lo hizo desde el primer Congreso de Ciudadanos y Sustentabilidad del Agua el 8 de diciembre de 2012.

Explicó que la Universidad ha sido promotora de dos docenas de foros y talleres en 12 estados de la República, por lo que ha jugado un papel central en la elaboración de la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, ha organizado contactos con el Congreso de la Unión y ha publicado instrumentos de Difusión muy importantes como el Manual Agua para Todos, Agua para la Vida.