Cabe
mencionar que desde la Conferencia de las Partes de 2013 (COP19)
efectuada en Varsovia, Polonia, los países integrantes de la
Convención acordaron preparar documentos nacionales llamados
Contribuciones
Previstas Determinadas a Nivel Nacional (INDC,
por su siglas en inglés) donde establecerían sus compromisos de
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con el
objetivo de lograr un acuerdo más eficaz en 2015 durante la cumbre
de París, en donde México fue el primer país en desarrollo en
presentar su propuesta (marzo 2015), titulada Compromisos
de mitigación y adaptación ante el cambio climático para el
periodo 2020-2030.
Pero
el cálculo base de las emisiones considerado en los INDC de México
utilizó una metodología distinta a la que se utilizaba
anteriormente, basada en los inventarios de emisiones efectuados por
el INECC. Con este cambio, el sector de Uso de Suelo, Cambio de Uso
de Suelo y Silvicultura (USCUSS) pasó de ser la tercera fuente de
emisiones a ser un sector de absorción de emisiones.
El
nuevo reconocimiento del sector USCUSS como “capturador” neto de
emisiones está basado en cálculos poco claros de la reducción en
la tasa de deforestación que ahora es reconocida por el gobierno
federal en tan solo 91 mil hectáreas anuales para el periodo
2010-2010, y asume la continuidad en las tendencias por falta de
información.
De
esta manera queda en entre dicho el supuesto liderazgo ambiental que
la Secretaría de Medio Ambiente (SEMARNAT) fue a presumir a COP21 en
París, en donde la realidad indica que México paso a ser un país
con muy poca atención sobre sus avances ambientales, ello en caso de
tener alguno, pues la realidad indica que los cambios de cifras en
emisiones, energía renovable y forestales se manipularon para que el
cierre del sexenio actual e hable de supuestos cumplimientos en la
materia.
De
esta manera se paso a considerar que México ya no es emisor por
pérdida de coberturas forestales y cambios de uso de suelo tiene un
doble filo para la política climática mexicana y sobre todo para el
sector forestal. Por un lado, puede ayudar a traer nuevos recursos
para apoyar a la restauración, cuidado y manejo de los bosques y
selvas mexicanos, pero también puede llevar a un conformismo
gubernamental y una validación de la actual política forestal que
precisamente privilegia inadecuadamente la reforestación y los
estímulos en favor del no-manejo del bosque por encima de la
necesidad de las comunidades y ejidos de desarrollar actividades
productivas para mantener los ecosistemas en buenas condiciones,
mejorarlos genéticamente y fomentar la sustentabilidad de las
economías locales.
Para
lograr una mejor adaptación y mitigación al cambio climático en
México no basta con cambios en la producción de energía, mejoras
al transporte, más reforestación o nuevos decretos de áreas
protegidas. Es necesario incorporar explícitamente y de forma clara
el fortalecimiento de los derechos de las comunidades sobre sus
territorios y medios de vida en los INDC.
Por
otro lado, los INDC comprometidos por el gobierno mexicano en París
son demasiado generales, no sirven como mapa y guía clara para
favorecer la adaptación de las regiones forestales del país, que
abarcan al cambio climático. La poca claridad de las acciones de
mitigación y adaptación incluidas en los INDC en el ámbito
forestal no permite verificar su coherencia con lo establecido en los
distintos instrumentos de política ambiental y forestal vigentes
como la Ley General de Cambio Climático (LGCC), la Estrategia
Nacional de Cambio Climático o la Estrategia Nacional REDD+.
Por
último, la revisión de los compromisos asumidos por el gobierno en
París demuestra la necesidad una estrategia específica para el
fortalecimiento de la agenda ambiental, climática, campesina y
forestal para enfrentar de forma correcta los problemas del cambio
climático. Esto implica no solo fortalecer a las instituciones
gubernamentales relacionadas sino también fortalecer la
participación de las organizaciones sociales y civiles en la
definición, implementación y monitoreo de mejores políticas y
programas gubernamentales.
Cerca
de 1,600 millones de personas (más del 25% de la población mundial)
dependen directamente de los recursos forestales como medio de vida,
y cerca de 1,200 los utilizan directamente para obtener alimentos e
ingresos, de acuerdo con información de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); pero el
problema de esta realidad es que el uso del bosque por parte de las
autoridades no está siendo fomentando bajo estándares de
sustentabilidad.
Al
mismo tiempo, la pérdida de bosques, selvas y otros ecosistemas
forestales es responsable del 11 por ciento de las emisiones globales
que causan el efecto invernadero y el cambio climático, de acuerdo
con datos de las Naciones Unidas. Esto fue informado por el Centro Civil Mexicano para la Silvicultura Sustentable (CCMSS).
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