Para
diversos agricultores que han adoptado la soya genéticamente
modificada (OGM), desde el año 2012, es necesario que las
autoridades abran una discusión amplia al diálogo en relación a si
se continuará permitiendo el cultivo de esta semilla en entidades de
la península de Yucatán, y que se tome en consideración de los
actores clave del tema; el productor rural y las comunidades
indígenas, pero de voz directa sin que se preste a voceros de
organizaciones civiles o campesinas que tratan de conseguir canonjías
políticas.
En
entrevista con este reportero tanto Bruno de Matteis (productor de más de 100 hectáreas) Fernando
Oliva (productor mediano de alrededor de 100 hectáreas); y a Fabián
Papalotzin, pequeño productor que también se caracteriza por ser
apicultor, indicaron lo anterior al explicar que no por un tema
político se debe dar un golpe de pobreza al campo en el estado de
Campeche, específicamente, que es donde se ubican.
El
primero de los antes mencionados, indicó que los OGM le dieron nueva
vida al campo del sureste y evito la migración del campesinado, y si
bien no se están volviendo millonarios, si están obteniendo
ganancias antes no vistas, como es el ahorro de 1,500 pesos en
herbicidas por hectárea que antes aplicaban y que la soja OGM sólo
requiere de una fumigación, cuando la tradicional requiere de más
aplicaciones.
Sobre
esta diferencia, Fernando Oliva, que cultiva en las mismas parcelas
OGM y convencional, explica que no ha notado una supuesta
contaminación de uno a otro cultivo, sino que se diferencian ambos
por la cantidad de aplicaciones de fungicidas así como por la
presencia de plagas que atacan más al plantío tradicional.
Cabe
mencionar que en 7
años, las autoridades mexicanas habían concedido a los productores
y empresas como Monsanto y PHI México 43 autorizaciones para la
siembra de soya transgénica en el país, en las fases experimental y
piloto. Posteriormente se paso a una siembra de 253 mil hectáreas de
este tipo de grano.
El
año pasado, la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los
Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), dio a conocer que
la siembra de transgénicos hasta ahora no ha significado ningún
riesgo. “Cuando el Estado da permisos para la liberación, en este
caso de soya, es porque no hay elementos de bioseguridad que nos
digan que algo malo va a pasar”, se detalló en comunicado de
prensa.
No
obstante, a la solicitud de siembra comercial de Monsanto
respondieron con opiniones negativas la Comisión Nacional para el
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), el entonces
Instituto Nacional de Ecología (INE, ahora Instituto Nacional de
Ecología y Cambio Climático) y la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (Conanp).
Lo
cual, hace unos días confluyo en que la Suprema Corte suspendiera
temporalmente el cultivo del producto en Campeche y Yucatán, al
sureste del país. La autorización, no obstante, ha sido suspendida
solo temporalmente: la SCJN ha pedido que se organice una consulta
entre los miembros de las comunidades indígenas afectadas en
Campeche y Yucatán.
El
argumento que dio por bueno la Corte fue que el permiso otorgado por
Sagarpa, no tomó en cuenta el derecho de consulta que tenían las
comunidades indígenas que han resultado perjudicados.
A
ello, estos tres productores, indicaron que si bien es de gran
respecto la opinión de todas las comunidades se debe sentar un
diálogo abierto y respetuoso; no sólo decir no, de forma
automática o prestarse a cierto juego de organizaciones como
Greenpeace, a la cual calificaron de no estar informando de manera
verídica de esta realidad.
Los
productores consultados, indicaron que la decisión que se tome por
parte de Sagarpa, debe ser estrictamente apegada a la ley, y que al
momento no sienten que las autoridades estén cargados a un lado de
las opiniones, sino que más bien deben abrir los canales de diálogo
con los productores.
En
México, el consumo de soja se importa en un 96% de la necesidad del
mercado interno; lo cual implica, según los productores a favor de
los OGM de seguir apostando a esta tecnología y pusieron el ejemplo
que en sus parcelas con soja convencional se cosecha de entre casi
una toneladas a 1.4 toneladas con un costo mayor de unos 1,500 pesos
por el costo de herbicidas; cuando con OGM tienen promedios de 2.5
toneladas de soja por hectárea.
En
la actualidad en esta regíon en conflicto ASERCA tiene contratos de
compra de 80 mil toneladas con un costo aproximado de 500 a 600
millones de pesos, lo cual estimó Bruno
de Matteis, se puede perder en parte, si en próximos años les
prohíben estos cultivos.
Los
precios de este insumo, son fijados en el mercado internacional, que
marca que en este año pasado fuera a 5,900 pesos por tonelada, que
ha sido variable por el costo peso-dólar. De ahí que estos
ejidatarios luchen por mantener una alta eficiencia y productividad
de sus cosechas. Este hombre, citó que igual es mentira lo dicho por
Greenpeace de que se está deforestando el sureste por estos
cultivos, indicó que los campesinos que antes sólo cultivaban maíz
están cambiando el cultivo, ante la ganancia de la soja, y que deben
consultarse también, esto que dijo “es una mentira de
desinformación que se le da al pueblo de México”.
MIEL,
UN RUBRO DE VITAL IMPORTANCIA
En
lo expuesto como argumentos se indica que el cultivo de soja OGM en
estas regiones afecta la producción de miel en esta región —de la
cual, el 90% se exporta a Europa—. Una sentencia de la Unión
Europea en 2011 interrumpió la venta del producto porque presentaba
trazas de polen genéticamente modificado y fue entonces que los
apicultores decidieron promover el recurso legal que se resolvió el
miércoles.
A
lo cual el productor de miel, Fabián
Papalotzin, refuto
indicando que es falso que la abeja este muriendo en estas zonas, así
como que estén detectando miel con genes OGM, estableció que en su
caso que también exporta a Europa, junto con otras personas, mandan
a Alemania al análisis de la miel antes de ser embarcada y al
momento tras estos años no han encontrado nada.
Reiterando
que la abeja tiene más mortandad con las fumigaciones en cultivos de
maíz que en las milpas de soja, planta que tiene poca polinización
natural, pues es endogama (que se fecunda ella misma), y que al abrir
su flor ya lleva su semilla.
Se
debe recordar que la Constitución mexicana y la declaración de
Naciones Unidas sobre seguridad de los Pueblos Indígenas obligan a
los Gobiernos a consultar e informar a los apicultores y agricultores
afectados antes de una decisión de este tipo. En el caso del
gobierno mexicano, según ha fallado la Corte Suprema, no fue así.
Se
informó que los afectados por la siembra de la soja transgénica
suman más de 11.200 productores y es el sustento de cerca de 25.000
familias. En la región se producen, cada ciclo, unas 10.000
toneladas de miel. Siendo México, la nación productora del
10% de la miel que se vende en el mundo.
México
es el sexto productor y tercer exportador mundial de miel de abeja
después de Argentina y China. El 85 por ciento de la producción
nacional se destina a la Unión Europea, principalmente a Alemania,
donde goza de prestigio.
Alrededor
de 41 mil apicultores mexicanos, en su mayoría campesinos e
indígenas, dependen de la actividad. En 2010 produjeron 55 mil 684
toneladas de miel con un valor de casi 1 mil 726 millones de pesos.
Tan
sólo en la Península de Yucatán se contabilizan al menos 17 mil
productores apícolas, de ahí la importancia de este análisis de la
producción y de despejar dudas de su sanidad. El 90 por ciento de la
producción de miel de la Península se exporta y corresponde a cerca
del 60 por ciento de toda la miel que sale del país.
OPINIÓN
DE LAS ONGs
Algunos
miembros de las ONG que representan a las comunidades indígenas
(como Greenpeace, Indignación y LITIGA OLE) señalaron que además
de los perjuicios económicos que tiene la siembra de la soja
transgénica en la región, la presencia del herbicida Glifosato
representa un riesgo para la población por considerarse una causa de
cáncer.
El
abogado de las comunidades indígenas, Jorge Fernández, señaló
también que la decisión de la Corte no contempla los daños al
medioambiente que causan las actividades de Monsanto en esta región
del país.
Estos
organismos dieron a conocer que “los ministros y la ministra no
deben omitir las graves violaciones que se han cometido por las
autoridades en contra de los derechos humanos del pueblo maya, y que
ahora los juzgadores tienen la oportunidad
de reparar“.
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