Se estima que en Méxicó sólo 30 por
ciento de la madera que se comercializa es legal, en parte derivado
de que existe una política vigente que impone obstáculos a las
comunidades para manejar y aprovechar legal y sustentablemente sus
bosques.
Al
respecto, Gustavo Sánchez Valle, Presidente de la Red Mexicana de
Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf), dio a conocer, con
fundamento en datos de la Secretaría de Medio Ambiente federal
(SEMARNAT) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(PROFEPA), que hasta el 70 por ciento de la madera que se
comercializa en México es de origen ilegal, lo cual representa un
volumen de 15 millones de metros cúbicos del recurso y tiene graves
implicaciones para la conservación y el manejo sustentable de los
bosques mexicanos.
Expuso
que es necesario impulsar una estrategia integral para fortalecer la
legalidad en el mercado de la madera y los recursos forestales en
México y presentó la propuesta que han elaborado las organizaciones
comunitarias que forman parte del Consejo Nacional Forestal (CONAF).
Sánchez
Valle precisó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) acaba de emitir un comunicado, en donde expresa su
preocupación por el agotamiento de los recursos naturales a causa de
la tala ilegal y el aprovechamiento ilícito e irracional de la
biodiversidad, lo cual, dijo, es una evidencia del alarmante nivel de
ilegalidad al que estamos llegando en México.
Comentó
que la política vigente de SEMARNAT y PROFEPA en la materia se
limita a perseguir la ilegalidad en el monte, con muy poco éxito, y
deja sin inspección y vigilancia los eslabones siguientes de la
cadena productiva de la madera, permitiendo la transportación,
transformación y comercialización de madera de origen ilícito. Con
la esta estrategia los decomisos de madera son prácticamente
simbólicos dejando operar a toda una cadena de "lavado" de
madera ilegal.
En
materia de inspección y vigilancia "no ha funcionado mucho
estar deteniendo gente en el monte por talar árboles y realizar
pocos decomisos de madera ilegítima; se requiere certificar la legal
procedencia de toda la cadena de valor de recursos forestales,",
además de otras medidas de agilización de trámites y fomento de la
producción y manejo legales, subrayó el presidente de la Red MOCAF.
Por
otra parte, destacó que es necesario agilizar programas de uso y
manejo sustentable de los bosques por parte de SEMARNAT, en vez de
criminalizar a las comunidades indígenas por aprovechar sus recursos
territoriales forestales.
Por
su parte, Raúl Benet, del Consejo Civil Mexicano para la
Silvicultura Sostenible (CCMSS) propuso trabajar en mecanismos para
que el gobierno a tráves de SEMARNAT y PROFEPA se comprometa a
comprar y solicitar a sus proveedores la adquisición de madera de
origen legal, preferentemente certificada.
Además,
refirió que se requiere una mayor inversión en fomento de
desarrollo de proyectos de aprovechamiento forestal sustentable y
reducir los esquemas de conservación pasiva en favor del manejo
activo de los recursos naturales.
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