La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) se
declara lista para iniciar este 1° de julio del 2016, con la inspección a los
447 verificentros (338 centros de verificación para el transporte particular y
109 unidades de verificación para el transporte público federal) en las seis
entidades de la denominada Megalópolis: Ciudad de México y los estados de
México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
En ese sentido, la labor de la PROFEPA será exclusivamente la de
verificar el correcto funcionamiento de los instrumentos que se utilizan en el
proceso de verificación de las emisiones de los vehículos.
En conferencia de prensa, el Subprocurador de Inspección
Industrial de la PROFEPA, Ingeniero Arturo Rodríguez Abitia, aseveró que esta
Procuraduría no revisará los vehículos ni actuará en contra de particulares.
Indicó que “la PROFEPA exclusivamente realizará sus acciones
dentro de los verificentros” revisando el correcto funcionamiento de los
instrumentos que se utilizan para evaluar las emisiones vehiculares para que
estas sean confiables.
El Subprocurador también dijo que se verificará que los
instrumentos tengan el mantenimiento requerido y sean calibrados con la
periodicidad que marca la normatividad correspondiente.
Se verificarán los dinamómetros, estaciones meteorológicas,
lectores de gases, tacómetros, opacímetros, entre otros, para que provean de
lecturas confiables e información correcta.
Para realizar las visitas de verificación, la PROFEPA utilizará
desde el 1 de julio 64 inspectores federales distribuidos en 16 brigadas. Esta
fuerza de inspección cubrirá los verificentros de las seis entidades
federativas en donde se aplica la norma emergente.
Cabe señalar que la PROFEPA firmó un Convenio de Colaboración con
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y otros con cada una de las
estancias estatales encargadas del medio ambiente que integran la Megalópolis
para lograr una coordinación efectiva entre las autoridades involucradas en la
vigilancia de la NOM emergente.
En caso de encontrarse irregularidades durante las visitas de
inspección, la PROFEPA podrá imponer medidas de seguridad e instaurar
procedimientos administrativos para sancionar y corregir las no conformidades
con la norma. Las sanciones
económicas a las que podrían hacerse acreedores los centros de verificación,
podrán alcanzar hasta 50 mil salarios mínimos por cada irregularidad.
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