El presidente Donald Trump, firmó una orden
ejecutiva solicitando a la Agencia de Protección Ambiental de los Estados
Unidos, debilitar diversas políticas en materia de salud, e incluye las bases
para revocar el Plan de Energía Limpia la primera normatividad realizada para
reducir las emisiones contaminantes de carbono provenientes de las grandes
centrales eléctricas.
Al respecto, Fred Krupp, presidente
del Environmental Defense Fund, comentó que “el decreto firmado, también ordena
una revisión de las políticas de protección contra la contaminación por metano.
Al ir en esa dirección, el gobierno está minando soluciones sencillas y
de sentido común a un problema muy serio. Alrededor de 10 millones de toneladas
métricas de gas natural son desperdiciadas año con año en Estados Unidos a
través de fugas, venteo y quema de metano suficiente gas para satisfacer las
necesidades energéticas de cada hogar en Pennsylvania u Ohio por todo un año”.
Explicó que este desperdicio de
recursos e impuestos, viene acompañado de una gran nube contaminante que
amenaza la salud de cientos de miles de estadounidenses que viven cerca de los
yacimientos petroleros o gaseros, compresoras u otros centros de producción,
almacenamiento o transportación. Al solicitar a las agencias desmantelar estas
políticas de salud, el gobierno se está asegurando que la industria del gas
natural no sea capaz de establecer su reputación de proveer energía limpia.
Indicó que “la orden ejecutiva
también busca terminar con el uso de un importante instrumento de medición del
daño económico causado por el impacto del cambio climático. Esta medición,
conocida como el costo social del carbón, fue desarrollada mediante
un proceso interinstitucional basado en la ciencia y la economía. El costo
social del carbón es esencial para asegurar un sólido análisis de la
política ambiental basada en los impactos a la salud pública. Retirar su uso en
el gobierno federal no sólo llevará a la confusión regulatoria, sino a encubrir
los costos de la contaminación por carbono, inclinando los análisis y viciando
las políticas contra las soluciones de sentido común que protegen la propiedad
y la salud pública”.
Añadió que esta orden ejecutiva
regresa a los Estados Unidos a una época de más contaminación y más
enfermedades, y es con vista a este futuro que México puede decidir tomar
acciones diferentes en materia de metano.
Los cambios históricos en el
sector energético de México, -quinto mayor emisor del mundo en metano-,
abrieron a la industria mexicana de petróleo y gas a la inversión privada por
primera vez desde que fue nacionalizada en 1938. Es directamente viendo hacía
los intereses de México la importancia de garantizar que todas las empresas de
petróleo y gas que operan dentro de sus fronteras cumplan los mismos estándares
ambientales que se cumplen en otras partes de Norteamérica.
De lo contrario, las empresas que
operan en otras regiones pueden aprovechar las diferencias en las protecciones
nacionales y esto podría perjudicar la economía de México y a sus ciudadanos.
Los estados de Ohio y California
aprobaron recientemente nuevas políticas para regular la contaminación por
metano de la industria del petróleo y el gas, dejando claro que las acciones en
Estados Unidos continuarán a pesar de la última orden del presidente Trump.
De igual forma, Canadá está
dispuesto a proponer sus regulaciones federales sobre metano esta primavera. En
junio pasado, México se comprometió a reducir las emisiones de metano en un
40-45% para 2025. México ha dado los primeros pasos hacia su meta, pero se
necesitan más medidas para desarrollar regulaciones sólidas y completas que
puedan cumplir plenamente con el compromiso de reducir las emisiones de metano
en el país.
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