Tras las reducciones
anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump a los monumentos nacionales
de Bears Ears y Grand-Stair Escalante, 9 organizaciones civiles entre ellas el
“Consejo de la Defensa de Recursos Naturales” (NRDC), “Alianza por la Vida
Silvestre del Sur de Utah” y “Earthjustice”, presentaron una demanda formal en
contra del presidente Donald Trump y de los funcionarios Ryan Zinke, Brian Steed,
Sonny Perdue y Tony Tooke, bajo el argumento de que se ha excedido la autoridad
limitada delegada a su oficina y se ha violado la Ley de Antigüedades de 1906,
así como la separación de poderes establecida en la Constitución.
Respecto
a la decisión de Trump de fragmentar estas áreas y cuya intención implícita es
dar paso libre a la explotación de combustibles fósiles y minería, Rhea Suh,
Presidenta del Consejo de Defensa de Recursos Naturales expresó que “su mandato
no solamente es ilegal, sino también un serio agravio a todo estadounidense que
valora la herencia natural de nuestro país”.
Detalló
que ese paisaje con sus petroglifos, aldeas de piedra y resplandor natural, ha
sido el hogar de pueblos indígenas por miles de años. “Estamos mirando hacia pelear
en la corte para preservar por siempre estos tesoros históricos, naturales y
culturales que están en custodia para las generaciones futuras”.
Las
modificaciones mandatadas por Trump implica que esas zonas podrían quedar desprotegidas
a no sólo la construcción de caminos que impactarían gravemente en el entorno
ambiental, así como la realización de pastoreo, por la gran demanda que
representa la producción de carne para consumo humano, una de las actividades
que más contribuyen a la destrucción de hábitats siendo una de las causas del
calentamiento global.
De
acuerdo a una investigación realizada por la activista, Karen Janett Carranza
Jiménez, indica que previo a la presentación de la demanda por estas
organizaciones, el pasado 4 de diciembre, día en que se anunció la
fragmentación y disminución a estas áreas protegidas, 3 de las 5 tribus que
habitan la zona hicieron lo propio ante los juzgados, bajo la representación
del Fondo de los Derechos de los Nativos Americanos (NARF por sus siglas en
inglés).
Las
naciones soberanas de nativos Hopi, Navajo, Pueblo de Zuni, Ute Indian y Ute
Mountain Ute, fueron quienes en el periodo de Barack Obama pugnaron por la
protección del Monumento Nacional de Bears Ears, para tratar de
contrarrestar los saqueos de sitios arqueológicos, espirituales y culturales
que en ellos se encuentran.
Ese
4 de diciembre, una de las declaraciones del presidente Trump respecto a la
decisión que tomó en torno a Bears Ears y Grand-Stair Escalante fue que
“algunas personas piensan que los recursos naturales de Utah deben estar
controlados por algunos cuantos y distantes burócratas en Washington. ¿Y
adivinen qué?, están mal”.
Por
su parte, Natalie Landreth, miembro del cuerpo de abogados de NARF se pronunció
en relación al tema y dijo que “la Administración de Trump no está diciendo la
verdad. El monumento de Bears Ears, tal y como fue creado por el Presidente
Obama, preservó la cacería, pesca, derechos de recolección y pastoreo, y
protegió a estas increíbles tierras de los saqueos inmensurables y de
desarrollos petroleros, de gas y minerales. Sin importar lo que haya dicho el
presidente… su acción (de reducir Bears Ears) hace lo contrario, bajo sus
propios términos, en 60 días las tierras estarán abiertas para entrar,
localizar, seleccionar y vender bajo la disposición de las leyes relativas a
los arrendamientos minerales y geotérmicos; así como localizar, entrar y
patentar bajo las leyes de minería”.
Se
detalla en la demanda que Trump busca la manera de beneficiar a los productores
de energías fósiles, así como a toda industria que ofrece un desarrollo
comercial a costa de la salud de ecosistemas y millones de estadounidenses,
aminorando las aportaciones de los recursos naturales y de los beneficios
ambientales y recreativos que éstos representan.
No hay comentarios:
Publicar un comentario