Un número amplio de ecosistemas de América
Latina está amenazado por proyectos de desarrollo que se imponen sin tomar en
cuenta la sustentabilidad ni los intereses legítimos de las poblaciones que
históricamente han habitado esos territorios, advirtió Aleida Azamar Alonso,
investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en la Ciudad de
México (CDMX).
Indicó lo anterior al hablar sobre el libro Perspectivas de la economía ecológica en el
nuevo siglo, que coordina junto con Salvador Peniche Campos, miembro
fundador de la Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica, y Darío Escobar
Moreno, investigador de la Universidad de Chapingo en el Estado de México, señaló
que en la región no se ha dado suficiente importancia al aspecto ecológico.
La académica sostuvo que fue justo después de los
ataques con bomba atómica a Nagasaki e Hiroshima, y la Guerra de Vietnam –con
los subsecuentes daños en términos de contaminación de suelos y salud humana– que
comenzó una discusión geopolítica y sanitaria entre investigadores que
entendieron la necesidad de disertar entre las economías ambiental y ecológica.
La docente del Departamento de Producción Económica de
la Unidad Xochimilco de la UAM considera esta discusión como fundamental, debido
a que la primera disciplina cuantifica daños y perjuicios provocados por actividades
de explotación de los recursos, y la segunda va más allá al cualificar los
efectos.
En la Cumbre de Río de Janeiro se puso a discusión el
principio precautorio, que señala que si bien los daños son contabilizados,
deben prevenirse los riesgos ambientales que constituyen amenazas graves para el
bienestar humano. “Desafortunadamente en América Latina ha pasado que a las
empresas se les ha multado cuando el deterioro ha ocurrido”.
En ese sentido “la economía ecológica recoge las
cuestiones de medir y evaluar; la economía ambiental es insuficiente porque sólo
pone un costo, lo que no resulta eficaz porque la naturaleza no debiera tener
un valor, pues cómo podríamos recuperar el agua o el aire que fueron
contaminados.
Mesoamérica y el Caribe –se expone en el libro– son
centros de origen y de diversidad de maíz, frijol, jitomate, calabazas y chiles
de gran importancia para la alimentación mundial.
La larga evolución de estas plantas cultivadas por la
sociedad ha dado como resultado una extraordinaria riqueza biocultural, que ahora
se ve amenazada ante el embate de grandes monopolios agroalimentarios que
tienden a imponer sus sistemas de producción, distribución y consumo de
alimentos.
Otros recursos que están en el centro de la disputa de
conflictos socioambientales en la zona son los minerales y el agua, donde la
minería es emblema del Colonialismo “que oprimió a la región por más de 500
años”.
Y actualmente, bajo renovados esquemas y formas
legales –concesiones y permisos– son empresas extranjeras –aunque las
nacionales tienen inversiones grandes en algunos países– las que mantienen la
posesión de extensiones enormes de territorio para la explotación minera, dejando
a su paso pasivos ambientales para los ecosistemas y las poblaciones.
Todos los proyectos extractivos y de infraestructura
implican graves riesgos ambientales y generan desplazamientos de la población,
mientras las autoridades responsables de regular las actividades no suelen
intervenir en el bienestar social ni valoran los daños ambientales, sino que se
ciñen a una legislación que está orientada a mejorar o respetar las condiciones
productivas de las compañías.
Frente a este panorama es necesario discutir los ejes
de desarrollo de un nuevo pensamiento de economía ecológica, en el que las
comunidades fijen una posición activa frente a los retos del sistema financiero
dominante.
La disciplina implica un cuestionamiento a las bases
del capitalismo, “porque hasta ahora nos han enseñado que la naturaleza tiene
un costo y se puede mercantilizar”, expresó la doctora Azamar Alonso.
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