México tiene actualmente 142 sitios
designados como Humedales de Importancia Internacional (sitios Ramsar), que
suman una superficie de 8 millones 657 mil 57 hectáreas. Tener sitios con esta
catalogación obliga al país a emprender las acciones necesarias para su
protección y conservación.
Sin embargo, de acuerdo con un análisis del Consejo
Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), el 15 por ciento de
dicha superficie se encuentra concesionada o asignada para la realización de
actividades mineras, lo cual pone en riesgo la permanencia de estos ecosistemas
de gran importancia ambiental y biológica.
Los humedales incluyen una amplia variedad de hábitats,
tales como pantanos, turberas, llanuras de inundación, ríos y lagos, y áreas
costeras tales como marismas, manglares y praderas de pastos marinos, pero
también arrecifes de coral y otras áreas marinas de baja profundidad en marea
baja.
México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en
sitios Ramsar y es el cuarto país del mundo con mayor superficie de manglares,
con una extensión de 775 mil 555 hectáreas, distribuidos en las costas de 17
estados de la república, que representan aproximadamente el 5 por ciento de la
cobertura total mundial. En estos sitios hay 1,125 núcleos agrarios y
comunidades.
De acuerdo con datos del CCMSS, 16 mil 856 hectáreas
de manglares se encuentran concesionadas a la minería, y otras 372 mil 169
hectáreas cuentan con título de asignación minera, lo que representa que el 48
por ciento de toda la superficie de manglares del país podría ser susceptible
de ser concesionada a la minería.
Por si fuera poco, 11 mil 105 hectáreas de manglares
declarados como sitio Ramsar se encuentran concesionados a la minería.
La importancia de los humedales, particularmente de
los manglares, radica en que proveen beneficios ambientales de vital
importancia como el control de inundaciones, protección contra huracanes,
fuente de nutrientes para ecosistemas vecinos como arrecifes de coral y captura
de gases de efecto invernadero, entre muchos otros.
El documento de análisis de la Comisión Nacional para
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), Manglares de México (2017), indica que la política pública que
incide en la conservación de los manglares en México es fundamental para
reorientar las actividades productivas en las diferentes regiones y realizar
acciones sinérgicas entre los diferentes actores.
Resalta que los factores y procesos del deterioro de
los manglares potencialmente ligados a la implementación de políticas públicas
tienen que ver con procesos de deforestación, tala y fragmentación del paisaje,
modificación del flujo del agua y apertura de barreras naturales, acuicultura,
contaminación de cuerpos de agua, desarrollo turístico, pesca, agricultura y
ganadería, urbanización costera, explotación petrolera y azolvamiento
(sedimentación).
En la zona de manglar de La Encrucijada, Chiapas, de
acuerdo con un estudio desarrollado por la Conabio y la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM), se identificaron dos consecuencias ambientales ocasionadas
por las políticas públicas en los manglares; “el incremento de la sedimentación
(azolvamiento) cerca de las desembocaduras de los principales afluentes de los
humedales debido a la rectificación de cauces realizada por la Conagua a
finales de los años 1990; y segundo, el impulso a la producción de aceite
vegetal a través del fomento agrícola a nivel estatal de la palma africana”.
Estos problemas no son exclusivos de esta región,
porque en entidades como Campeche y Quintana Roo, el avance de la agroindustria
está generando afectaciones severas a los humedales y selvas.
En México, la regulación de los recursos naturales
está dirigida a preservar a las especies o ecosistemas, pero no a regular el
uso de suelo donde se encuentran las mismas, así que en una zona en la que se
encuentran humedales de gran importancia ambiental puede estar autorizada la
agricultura o la minería.
Muchos de los esfuerzos de conservación y uso
sostenible de los manglares y otros humedales por parte de núcleos agrarios y
comunidades se ven truncados por políticas públicas impulsadas por el propio
gobierno, como el apoyo a la producción agropecuaria insostenible de
monocultivos y con grandes cantidades de agroquímicos. Algunas dependencias
invierten en conservar, restaurar y reforestar y otras fomentan el cambio de
uso de suelo.
CONANP SÓLO ANUNCIA TRABAJOS EM HUMEDALES DE CDMX, OLVIDANDO EL RESTO DEL
PAÍS
En el marco del “Día Mundial de los Humedales 2019”,
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la Secretaría del
Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA), impulsaron un acuerdo para conservación
en Áreas Naturales Protegidas (ANP) y humedales de la Ciudad de México (CDMX).
Los titulares de la CONANP y la SEDEMA, Andrew Rhodes
Espinoza y Marina Robles García, expresaron que este acuerdo de coordinación
tiene el objetivo de implementar acciones y proyectos que contribuyan al
fortalecimiento, manejo, protección, restauración y desarrollo sustentable de
las ANP y Humedales de Importancia Internacional localizados dentro de la
circunscripción territorial de la Ciudad de México.
Representantes de estas instituciones hicieron un
llamado a la ciudadanía para generar consciencia sobre la importancia de estos
ecosistemas y el vital papel que desempeñan en áreas urbanas. Por ejemplo, en
1992, el Sistema Lacustre Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, por
sus características fisiográficas y ambientales, fue decretado ANP de la CDMX.
Más tarde, en 2014, fue incorporado a la Lista de Humedales de Importancia
Internacional de la Convención de Ramsar.
Los humedales son zonas de transición entre
ecosistemas acuáticos, marinos o continentales, y ecosistemas terrestres que
poseen una baja profundidad, donde el suelo se inunda de forma permanente o
estacional, dando lugar a hábitats con características acuáticas y terrestres.
Los humedales urbanos son superficies terrestres que se inundan de agua y
constituyen hábitats de vital importancia para poblaciones de peces y aves
migratorias, pero sobre todo para la supervivencia humana debido a la gran
variedad de servicios ambientales que proveen.
Entre las acciones de conservación y fortalecimiento
que comprende este acuerdo de coordinación, se incluyen tareas de saneamiento y
restauración, manejo y disposición de residuos sólidos, promoción de turismo de
naturaleza, así como el desarrollo de estrategias de mitigación y adaptación al
cambio climático. El Bosque San Juan de Aragón, ubicado en el antiguo lecho
lacustre de la Cuenca de México, también será beneficiario de estas acciones.
