El anuncio realizado por el presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador, respecto de devolver los tiempos oficiales a los concesionarios
de radio y televisión es “absolutamente confuso e incorrecto”, porque no dejó
claro si se trata de los fiscales o los oficiales en general, explicó la
maestra Beatriz Solís Leree, investigadora del Departamento de Educación y
Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en la Ciudad de
México (CDMX).
La
defensora de las audiencias del Canal 14 explicó que los tiempos
oficiales incorporan, tanto los legales –30 minutos diarios, de acuerdo con la
Ley Federal de Radio y Televisión (LFRyT)– como los fiscales –18 minutos en
televisión y 35 en radio– establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y que se traducen en el pago de un gravamen, por lo que cabe preguntar
a cuáles se refirió el titular del Poder Ejecutivo, ya que en ambos casos
“tendría que modificarse alguna de las legislaciones”.
Los
tiempos oficiales incluyen a ambos, por un lado, los 30 minutos que quedaron
establecidos en la nueva LFRyT de 2014 y que los concesionarios deben poner a
disposición del Estado, pero cuya modificación implicaría también un cambio en
la normatividad.
Los
tiempos fiscales, establecidos en la Ley Hacendaria, representan el pago de un
impuesto en especie por parte de las empresas concesionarias –las cuales
reciben beneficios a partir de la operación de un bien de la nación, como es el
espectro radioeléctrico– que durante muchos años fue de 12.5 por ciento, pero
que la administración de Vicente Fox redujo –mediante decreto, a 18 minutos en
televisión y a 30 minutos en radio– “ya no como porcentaje, sino en cantidades
fijas”.
En
la parte fiscal los concesionarios pagan en especie al Estado –que involucra a los
tres poderes, los órganos autónomos y los gobiernos de las entidades, entre
otros– para satisfacer el derecho a la información de los ciudadanos sobre las
acciones oficiales, es decir, esos espacios “no son propiedad del Ejecutivo,
que sólo los administra”.
La
también integrante de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias
puntualizó que la expresión del presidente de que “devuelve a los
concesionarios el tiempo oficial, no es correcta” porque esto significaría que
en algún momento lo tuvo, pues “el tiempo del Estado nunca se han encontrado en
sus manos”, no era de él.
El
dicho de que el Estado no necesita propaganda “es otro error grave”, porque los espacios oficiales no son para hacerse propaganda, sino
para ofrecer información de interés general, por lo que “esto me hace
suponer que el mandatario no está bien notificado de lo que representan”.
Otra
falla radica en haber señalado que regresa “los tiempos oficiales para que los
puedan comercializar”, porque de cualquier modo no pueden hacerlo, ya que la
Ley Federal de Telecomunicaciones dice, en el artículo 257 sobre los espacios
máximos de publicidad, que los mismos no consideran los del Estado, por lo
tanto, “por más que se los quiera regresar no podrán comercializarlos, porque
la normatividad se los prohíbe” y en todo caso también tendría que modificarse.
La
maestra Solís Leree advirtió que López Obrador ha dicho muchas veces que no se
van a condonar impuestos, pero –a reserva de lo que se establezca en el decreto
que pronto dará a conocer– estaría perdonándoselos a los concesionarios, por lo
que se esperaría que empresarios de otros ramos le cuestionaran, por qué a unos
sí y a otros no se les brinda ese beneficio.
Los
miembros de la Asociación del Derecho a la Información, la sociedad civil
organizada y los académicos “vamos a revisar la disposición con lupa”, con el
fin de difundir esta confusión a que ha dado lugar y, en todo caso, generar una
serie de amparos, “lo que implicará un trabajo fenomenal en estos momentos de
crisis, pero tendremos que denunciar”.
López
Obrador se equivocó y “en este momento más que nunca”, pero además con esta
noticia ignora y da la espalda a los reclamos sociales de quienes han dado una
larga lucha por el derecho a la información y la democracia en los medios.
