Para diversas organizaciones civiles, la Reforma
energética entre algunos de los graves problemas que conlleva es atentar contra
el ambiente y los derechos humanos y además de provocar que la Secretaría del
Medio Ambiente (Semarnat), como la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa), sean sus principales perdedoras al ser despojadas de toda
injerencia en revisión y castigo en su caso cuando el sector energético afecte
a los ecosistemas nacionales,
Ello debido a que la creación de la inscrita en el
artículo 7º de la Ley que versa sobre la Agencia Nacional de Seguridad
Industrial y Protección Ambiental (ANSIPA), puesto que esta agencia tendría la
facultad de autorizar en materia de impacto ambiental en los casos de
"tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos;
aprovechamientos forestales en selvas tropicales y especies de difícil
regeneración; así como obras y actividades en humedales, manglares, lagunas,
ríos, lagos y esteros conectados con el mar, litorales o las zonas
federales".
Dejando a Semarnat y Profepa con una mayor
debilidad oficial, la cual en estos momentos ya es evidente al estar dicha
dependencia totalmente fuera de la discusión de los aspectos ambientales de la
Reforma Energética.
En conferencia de prensa, el Centro Mexicano de
Derecho Ambiental (CEMDA), la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética
en la Edificación (AEAEE) y la Asociación Interamericana para la Defensa del
Ambiente (AIDA), indicaron que además de lo anterior, la reforma energética
contiene aspectos que ponen en riesgo a las áreas sin planes de manejo en el
país, y atentan contra derechos humanos y sociales.
Ello debido a los aspectos de las propuestas para
las leyes secundarias de la reforma priorizan la obtención de beneficios
económicos a partir de los hidrocarburos y la generación de energía eléctrica
sin mirar los aspectos ambientales como lo del forzamiento a expropiar tierras,
ya que la misma política nacional marca que la obtención de hidrocarburos es la
prioridad oficial sobre cualquier otro aspecto.
Lo cual, dijo, Astrid Puentes, codirectora
ejecutiva de AIDA, " desconoce que proteger el ambiente, producir
alimentos y conservar el agua también son de interés público; por ende,
cualquier reglamentación en este sentido es peligrosa porque da carta blanca a
esos rubros sin considerar sus posibles impactos a los derechos humanos y al
ambiente".
Aunado a que si ya se cuenta con algunas Áreas
Naturales Protegidas (ANPs), con presencia de mineras, puede en determinado
caso poner en riesgo estas regiones ante la falta de los planes de manejo de
las mismas y si bien algunas están bien preservadas como sería zona monarca,
otras tierras podrían ser motivo de uso energético.
Por su parte, Carlos Tornel, analista de Políticas
Públicas de CEMDA, dijo que "para evitar impactos sociales negativos, es
preciso establecer un marco para diseñar una política socio-ambiental donde la
explotación de energías renovables genere beneficios claros a los propietarios
de la tierra y a las comunidades indígenas y campesinas involucradas; esto se
lograría mediante esquemas transparentes de negociación, acuerdo y pago de
contraprestaciones, y con la participación efectiva de las comunidades en la
toma decisiones bajo el marco de derechos humanos."
Agregando que los diversos reglamentos de la
Reforma Energética en ningún renglón deja la puerta abierta para la negación de
propietarios de que su tierra en caso de tener potencial energético como es el
fracking sea expropiada. Ya que se habla de tres posibilidades de negociación y
de que una empresa o el mismo Pemex puede llevar a juicio a dueños o
comunidades dueñas de predios para así obligarlos a ceder la tierra a la
explotación del shale gas.
Las organizaciones y especialistas alertan en
particular sobre la consideración que la reforma energética hace que los
hidrocarburos sean considerados de utilidad estratégica y prioritaria sobre
cualquier otra actividad de aprovechamiento de la superficie o del subsuelodel
país. Esto afectaría a todas las personas que también realizan actividades de
aprovechamiento sobre una superficie (agricultores, ganaderos, comunidades y
pueblos indígenas, y comunidades forestales). Las zonas como corredores
biológicos, que permiten actividades de conservación y de aprovechamiento en
función de la conectividad de ecosistemas quedan en riesgo bajo la reforma
energética que privilegia la exploración y explotación de hidrocarburos.
En comunicado de prensa, Tania Mijares García,
directora de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética en la
Edificación (AEAEE), describió que el sector energético es el principal emisor
de Gases Efecto Invernadero (GEI) de México con el 69% del total y el país se
ha comprometido a reducir sus emisiones de GEI en 30% para el año 2020 y en un
50% para el año 2050.
Sin embargo, recalcó que "En México, hoy en
día hoy nos cuesta más energía crecer económicamente que hace 10 años. Si
continuamos con este nivel de instensidad energética, la demanda total de
energía podría aumentar más de un 50%, es necesario que el gobierno federal
trabaje con los municipios para promover programas locales de eficiencia
energética y que se convierta en un ejemplo al transformar todos sus edificios
y flotillas en eficientes energéticamente. Recordó que "México tan sólo
cuenta con una capacidad de generación de 4.2% de su energía (2012) por medio
de fuentes renovables y que para cumplir con las metas de transición energética
intermedias para el 2024, debe incrementar en 15.1% su capacidad de generación
y en un 18.5% su capacidad instalada."
A pesar de ello, las propuestas de las leyes
secundarias no han retomado de manera efectiva estas metas, por lo que, aprobar
las leyes secundarias sin incluir una política climática y privilegiando la
extracción de hidrocarburos del subsuelo, representaría un serio retroceso y
desarmonización de los compromisos legales a nivel nacional e internacional. De
producir los 60,000 GW/h que suman todas las tecnologías disponibles en México,
el incremento del PIB sería de 346,100 millones de pesos, se crearían 150,000
nuevos empleos y la recaudación fiscal sumaría los 23,000 millones de
pesos.
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