La
corrupción en México en el sector agua es preocupante. Su existencia favorece
la sobreexplotación y contaminación del líquido; afecta a los ecosistemas y a
la población; y evita que se garantice el derecho humano a un medio ambiente
sano, a la salud y el acceso al agua potable y saneamiento.
En
el estudio «Corrupción en el Sector Agua en México. ¿Quién es responsable de la crisis?» de Ethos Laboratorio Políticas Públicas, los investigadores Rodrigo Bolaños, Dalia
Toledo y Cuauhtémoc Osorno, revelan cómo se da la corrupción en el manejo del
agua en México y quiénes están involucrados.
El
estudio explora seis áreas de riesgo de corrupción: el otorgamiento de los
permisos para poder extraer y hacer uso de las aguas de la nación
(concesiones); la regulación de las aguas de desecho; el funcionamiento de los
organismos encargados de llevar agua a cada hogar (organismos operadores); los
factores detrás del robo de agua (tomas clandestinas); las obras hidráulicas y la
generación y publicación de datos.
CONCESIONES
Y TRANSMISIONES DE DERECHOS
El
estudio de Ethos revela que entre abril de 2015 y diciembre de 2018 se
otorgaron al menos 77 concesiones en cuerpos sobreexplotados y estas, en su
mayoría, fueron para usos diferentes al consumo humano.
Además,
las concesiones se otorgan con información inadecuada (incompleta, inoportuna e
incorrecta), sin seguir los procedimientos debidos y sin la visión de
garantizar la sustentabilidad de los recursos hídricos.
AGUAS
RESIDUALES Y CONTAMINACIÓN
Tres
de cada cinco cuerpos de agua superficial en México tienen algún grado de
incumplimiento en los parámetros para medir su calidad. En aguas subterráneas,
son uno de cada dos. Incluso, el INEGI estima que los costos por el daño
ambiental ocasionados por la contaminación son de 41.5 mil mdp.
Existen
diversas causas de la corrupción en este aspecto. La falta de supervisión es
una de las principales. A pesar de eso, tanto la Conagua como la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (Profepa) han sufrido recortes en su
presupuesto a poco más de la mitad, 53 y 55 por ciento, respectivamente, entre
2012 y 2019. Además, la Conagua sólo cuenta con 149 inspectores para revisar
más de 500 mil títulos.
A
pesar de que la inspección si se lleve a cabo, se encontró que las industrias
sobornan a los inspectores hasta con el 20 por ciento del valor de la “multa
evitada”.
ORGANISMOS
OPERADORES
La
corrupción en los organismos operadores de agua tiene consecuencias directas en
el bienestar de las personas, ya que son ellos los que se encargan de proveer
el líquido a la población. Existen alrededor de 2,688 a nivel municipal,
intermunicipal o estatal. No obstante, debido a su mala gestión, actualmente 3
de cada 10 hogares no cuentan con agua diariamente y 3 de 4 personas considera
que el agua no es sana para beberse.
Según
el INEGI, 7 de cada 100 personas reportan corrupción en los servicios
municipales como la solicitud de pipas de agua.
Entre los negocios, 70 de cada mil han sido víctimas cuando solicitan
estudios de factibilidad de agua y drenaje. Esto es causado por la falta de una
normatividad clara, contrapesos débiles y la poca transparencia en su gestión.
La
opacidad es generalizada en los organismos operadores. El principal programa
para poder conocer su desempeño es de afiliación voluntaria (PIGOO). En él sólo
participan 7.4 por ciento de los organismos operadores, y en promedio entregan
sólo 13 de los 29 indicadores existentes.
TOMAS
CLANDESTINAS
El
estudio de Ethos Laboratorio de Políticas
Públicas indica que la existencia de pozos clandestinos es sumamente grave.
De 2012 a 2018, la Conagua encontró 2,280. A ello se suma la incertidumbre
sobre cuánta agua se extrae de éstos ya que la mayoría se localizan en áreas
sobreexplotadas.
Junto
con los pozos clandestinos, se da también el fenómeno del contrabando que
ocurre cuando funcionarios conectan nuevos usuarios a la red pública sin que
cumplan con los trámites o extraen agua de la red para venderla a través de
pipas.
OBRAS
HIDRÁULICAS
El
quinto eslabón de la cadena de corrupción son las obras hidráulicas que se
realizan para que el agua pueda ser captada, almacenada y utilizada para
diferentes fines. Generalmente estas son de gran envergadura o complejidad, con
cuantiosos recursos; dichos factores que hacen difícil su vigilancia y control
por lo que son susceptibles a la corrupción.
La
corrupción encuentra lugar en decisiones en todo el proceso que derivan en
incrementos en costos, demoras y entrega de proyectos de mala calidad.
FALTA
DE INFORMACIÓN
Por
último, el estudio de Ethos Laboratorio
aborda lo relativo a la carencia de información. Destaca la falta de datos
actualizados y completos en la materia, lo que impide establecer instrumentos
suficientes y adecuados para su eficaz administración o conservación, lo que
permite que prevalezcan las problemáticas que se pretende erradicar como la
contaminación y la sobreexplotación.
Dicha
problemática se ve reflejada, por ejemplo, en que actualmente no se puede saber
cuánta agua se destina para el fracking, o que las autoridades no explican por
qué se hacen algunas inspecciones y otras no.
La
falta de datos importantes sobre los recursos hídricos también genera riesgos
de corrupción, pues los funcionarios pueden esconder decisiones discrecionales
o actos de corrupción detrás de información incompleta y desactualizada.
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