Desde el Centro Mexicano de Derecho Ambiental
(Cemda) dio a conocer en comunicado de prensa, que debe considerarse necesario
que cualquier reforma energética que se vote y evalué contemple los cambios
indispensables que permitan la sostenibilidad fiscal y energética del país en
el largo plazo.
Para Cemda debe impulsarse una reforma energética
integral que parta del respeto por los Derechos Humanos, que siente las bases
para ampliar la participación de energías renovables, y que sea compatible con
las metas de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
se recordó que México presenta grandes retos en
materia energética, pues de acuerdo con la Estrategia Nacional de energía
2013-2027, entre 2003 y 2012, a pesar de la mayor inversión en la historia, las
reservas probadas de petróleo, nuestro principal insumo energético,
disminuyeron 31.2% pasando de 20,077 millones de barriles de petróleo crudo
equivalente (MMbpce) a 13,810 MMbpce, en tanto que en el mismo periodo las
reservas probables disminuyeron en 27.2%, pasando de 16,965 MMbpce a 12,353
MMbpce.
Lo cual hace que el país enfrente crecientes retos
en materia ambiental, donde los costos a la salud y al medio ambiente derivados
de la generación y del uso de la energía son significativos. Y finalmente, la
producción de combustibles fósiles y su uso son los componentes más importantes
de las emisiones de GEI, ya que aportan más del 60% de las emisiones totales.
Por ello, la reforma energética debe ser coherente
con las necesidades y debe contener diversos puntos como es el respecto de los
derechos humanos. En particular, en el contexto de la misma que es fundamental
respetar y garantizar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas y de
las comunidades que viven en donde están los recursos naturales.
Aunado a que el Plan Nacional de Desarrollo que
promueve el uso eficiente de la energía, el aprovechamiento de fuentes
renovables, mediante la adopción de nuevas tecnologías y la implementación de
mejores prácticas.
La Ley General de Cambio Climático
(LGCC) que promueve de manera gradual la sustitución del uso y consumo de
los combustibles fósiles por fuentes renovables de energía, así como de la
generación de electricidad a través del uso de fuentes renovables. En esta ley,
el país asume la meta aspiracional de reducir al año 2020 un treinta por ciento
de emisiones con respecto a la línea de base; así como un cincuenta por ciento
de reducción de emisiones al 2050 en relación con las emitidas en el año 2000.
Pero se lamentó que las propuestas de reforma
energética presentadas hasta la fecha siguen privilegiando la explotación y uso
de fuentes fósiles. Además abren la puerta a fuentes energéticas
("limpias", hidrocarburos no convencionales), cuyos impactos en el
medio ambiente y en la salud no son claros. Por un lado, la reforma energética
centra sus principales apuestas para el futuro en la explotación de
hidrocarburos convencionales y no convencionales, tales como el Shale gas y la
explotación de aguas profundas, pero la información que el gobierno ha puesto a
disposición de la sociedad es escasa y no muestra suficientes datos para apoyar
sus diferentes propuestas.
Por otra parte, el gobierno no está fomentando las
condiciones necesarias para que se lleve a cabo una reforma energética
incluyente, participativa y democrática que permita la participación de la
sociedad en la toma de decisiones de los problemas económicos, sociales,
políticos y ambientales del país.
La implementación de esta reforma implicaría
retrasar el potencial de transición energética de México por energías
renovables, como la solar FV, eólica y geotermia, las cuales tienen un
potencial de producción al 2020 de 6,000, 20,000 y 10,000 MW respectivamente.
Del mismo modo, las metas de reducción
de emisiones de GEI no podrán alcanzarse si el portafolio energético del país no
se diversifica de forma más acelerada, privilegiando la participación de
fuentes renovables de energía. El sector energético es responsable del 66%
de las emisiones de GEI en México. En 2010, el sector energía fue la principal
fuente de emisiones de GEI el cual tuvo un crecimiento de 57.9% entre 1990 y
2010. Este incremento se debe principalmente a la evolución de las emisiones
del sector transporte, el cual mostró un incremento continuo en su
participación relativa en el uso de energía, convirtiéndose en el principal
emisor de GEI para México. Por este motivo, resulta fundamental que el sector
transporte sea incorporado de manera seria en las discusiones sobre la reforma
energética.
Nos encontramos ante una gran oportunidad
para sentar las bases de un México sustentable, en el cual las decisiones que
se tomen en materia de energía resultan fundamentales. En este sentido, el
Estado debe ser la guía en esta transición, el responsable por velar que el
desarrollo del sector se enmarque en un respeto por el medio ambiente y el
garante del respeto por los derechos humanos.
Este organismo ambientalista subrayó que la reforma
energética debe impulsar una transición energética que conduzca al país a un
desarrollo sustentable y a un crecimiento de bajo carbono. En este
sentido, hacemos un llamado para que la reforma energética en discusión
contemple las siguientes recomendaciones: es necesario acelerar la
implementación de la metodología para valorar las externalidades
socio-ambientales asociadas con la generación de electricidad, para todas las
tecnologías, fósiles y no fósiles.
En el caso de los hidrocarburos no convencionales
resulta indispensable: realizar estudios rigurosos sobre las implicaciones de
la explotación del shale gas, así como del petróleo en aguas profundas, que
tomen en cuenta tanto los costos económicos, tasa de recuperación de la
inversión, impactos sociales y ambientales (externalidades), así como el costo
de oportunidad de invertir en estos recursos fósiles no renovables frente a
otras alternativas.
Además de sentar las bases para ampliar la
participación de energías renovables; así como es priorizar a las energías
renovables por encima de las "tecnologías de generación limpia" que
incluyen, además de las renovables, ciclo combinado, energía nuclear y
carbo-eléctricas con tecnología de captura y secuestro de carbono.
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