Si bien se han establecido convenios internacionales, como el
Acuerdo de París en 2015, para que las naciones firmantes, como México, pongan
en marcha medidas para afrontar las consecuencias del cambio climático global.
“Tenemos
una serie de principios jurídicos que no han evolucionado para enfrentar al
cambio climático. Digamos que tenemos un desfase entre el avance científico,
tecnológico y epistemológico y lo jurídico que soporta aspectos de gobierno,
gobernanza y democracia”, comentó María del Carmen Carmona Lara, investigadora del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).
La
especialista en derecho ambiental añadió que falta un pensamiento
administrativo funcional en torno al cambio climático y aunque existen
instituciones que diseñan y buscan implementar políticas públicas para que
México tenga sus estrategias de mitigación y adaptación al calentamiento
global, “se tiene que hacer una traducción jurídica de conceptos como
adaptación al cambio climático y a partir de ello avanzar en encontrar modelos
normativos para instrumentar acciones concretas”.
Por
su parte, la investigadora Rosalía Ibarra Sarlat, añadió que el cambio
climático trasciende fronteras y cruza los límites disciplinarios, por ello, invitó
a escribir a químicos, biólogos, especialistas en relaciones internacionales,
geógrafos, politólogos, filósofos, administradores públicos y abogados a
reflexionar, discutir y coincidir en las partes para después integrarlas en el
anhelo de comprender el problema de una manera holística. “Entendemos que el
cambio climático es un problema complejo que requiere de la participación de todos”.
La
evidencia científica y la generación de datos comprobables son vitales para la
toma de decisiones en este rubro; no obstante, es necesario que científicos y
abogados entablen un lenguaje común, y fue en ese sentido que Marco Heredia
Fragoso, coordinador general de Cambio Climático para la Evaluación de
Políticas de Mitigación y Adaptación del Instituto Nacional de Ecología y
Cambio Climático (INECC).
Por
su parte, Aquilino Vázquez García, director del Seminario de Derecho Ambiental
de la Facultad de Derecho de la UNAM, dijo que primero se tendría que revisar
de manera integral el marco jurídico existente y consideró que ha faltado “una
gran armonía entre los tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial, pues
cada cual va por su camino. Habría que preguntarnos qué ha hecho falta para que
estas políticas públicas sean eficaces, eficientes y aplicables”.
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