Encabezadas por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y Heinrich Böll Stiftung señalaron que el texto que se apruebe en el Congreso de la Unión, debe generar un marco legal ambicioso, integral y progresista que dé pie al desarrollo de una arquitectura nacional para la generación de capacidades sectoriales que permitan avanzar hacia una economía baja en carbono, la transición energética y la reducción de la grave vulnerabilidad en el país y que contemple elementos fundamentales como:
La transversalidad y la concurrencia para trabajar el tema en un largo plazo, incluyendo mayores derechos y obligaciones a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático; el establecimiento obligatorio de un Programa de Cambio Climático transexenal. Hasta el momento, las herramientas de política pública desarrolladas para atender este problema son limitadas en tiempo, recursos y capacidades. Prueba de ello es el Programa Especial de Cambio Climático que concluye en el 2012 sin garantizar mecanismos de seguimiento a las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.
La asignación de un presupuesto anual etiquetado para el tratamiento del cambio climático; el mandato para que haya un trabajo integral entre el gobierno federal, el poder legislativo, los estados, el sector privado, la academia y la sociedad civil.
Líneas claras para tratar el tema de la mitigación en sectores estratégicos como energía, transporte, bosques y agricultura, bajo principios y metas ambiciosas de corto, mediano y largo plazo.
Medidas de adaptación que se caractericen por: promover el fortalecimiento de capacidades de estados y municipios para desarrollar estrategias locales de adaptación; por su enfoque intersectorial; por garantizar la reducción de desigualdades como medida concreta para hacer frente al fenómeno; y por garantizar la seguridad alimentaria desde el fortalecimiento del campo con perspectiva de género.
A este respecto, Sandra Guzmán, Coordinadora del Programa Aire y Energía del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), señaló que "nuestro objetivo no es pronunciarnos a favor de alguna propuesta en concreto, sino hacer un llamado al legislativo para que exista la voluntad política y el consenso necesario entre los diferentes partidos para aprobar un marco legal que permita enfrentar el problema del cambio climático con una perspectiva integral, transversal, interinstitucional y de largo plazo.
En tanto, Ingrid Spiller, Representante en México de Heinrich Böll Stiftung, apuntó que "la forma más segura y óptima para garantizar recursos suficientes, adicionales, efectivos y adecuadamente direccionados para hacer frente al cambio climático es por medio de una Ley en la materia". Añadió que "el problema del cambio climático es tan grande y complejo, que esta Ley tendrá que garantizar tres aspectos básicos: la arquitectura adecuada de la política pública nacional, el financiamiento suficiente y efectivamente direccionado a atender las necesidades más urgentes de adaptación y mitigación; y mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas de las acciones de manera sectorial, conforme a los objetivos propuestos en la Ley, de tal suerte que se tenga claridad en responsabilidades y se blinden los esfuerzos frente a la impunidad".
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