Antes de que se realice la Cumbre Mundial de Cambio Climático (COP16) en Cancún, Quintana Roo, organizaciones de la sociedad civil urgieron a los legisladores a aprobar una Ley de Cambio Climático que establezca la base para dar atención al problema de manera integral, transversal y de largo plazo, y que fortalezca el marco legal existente, incluyendo la perspectiva de cambio climático en el resto de los ordenamientos jurídicos.
Encabezadas por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y Heinrich Böll Stiftung señalaron que el texto que se apruebe en el Congreso de la Unión, debe generar un marco legal ambicioso, integral y progresista que dé pie al desarrollo de una arquitectura nacional para la generación de capacidades sectoriales que permitan avanzar hacia una economía baja en carbono, la transición energética y la reducción de la grave vulnerabilidad en el país y que contemple elementos fundamentales como:
La transversalidad y la concurrencia para trabajar el tema en un largo plazo, incluyendo mayores derechos y obligaciones a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático; el establecimiento obligatorio de un Programa de Cambio Climático transexenal. Hasta el momento, las herramientas de política pública desarrolladas para atender este problema son limitadas en tiempo, recursos y capacidades. Prueba de ello es el Programa Especial de Cambio Climático que concluye en el 2012 sin garantizar mecanismos de seguimiento a las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.
La asignación de un presupuesto anual etiquetado para el tratamiento del cambio climático; el mandato para que haya un trabajo integral entre el gobierno federal, el poder legislativo, los estados, el sector privado, la academia y la sociedad civil.
Líneas claras para tratar el tema de la mitigación en sectores estratégicos como energía, transporte, bosques y agricultura, bajo principios y metas ambiciosas de corto, mediano y largo plazo.
Medidas de adaptación que se caractericen por: promover el fortalecimiento de capacidades de estados y municipios para desarrollar estrategias locales de adaptación; por su enfoque intersectorial; por garantizar la reducción de desigualdades como medida concreta para hacer frente al fenómeno; y por garantizar la seguridad alimentaria desde el fortalecimiento del campo con perspectiva de género.
A este respecto, Sandra Guzmán, Coordinadora del Programa Aire y Energía del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), señaló que "nuestro objetivo no es pronunciarnos a favor de alguna propuesta en concreto, sino hacer un llamado al legislativo para que exista la voluntad política y el consenso necesario entre los diferentes partidos para aprobar un marco legal que permita enfrentar el problema del cambio climático con una perspectiva integral, transversal, interinstitucional y de largo plazo.
En tanto, Ingrid Spiller, Representante en México de Heinrich Böll Stiftung, apuntó que "la forma más segura y óptima para garantizar recursos suficientes, adicionales, efectivos y adecuadamente direccionados para hacer frente al cambio climático es por medio de una Ley en la materia". Añadió que "el problema del cambio climático es tan grande y complejo, que esta Ley tendrá que garantizar tres aspectos básicos: la arquitectura adecuada de la política pública nacional, el financiamiento suficiente y efectivamente direccionado a atender las necesidades más urgentes de adaptación y mitigación; y mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas de las acciones de manera sectorial, conforme a los objetivos propuestos en la Ley, de tal suerte que se tenga claridad en responsabilidades y se blinden los esfuerzos frente a la impunidad".
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