Para nuestros lectores reproducimos las conclusiones de Lili Fuhr, director del Departamento de Política Ambiental Internacional de la Fundación Heinrich Böll en Berlín y de Ingrid Spiller, representante de la Oficina Regional Centroamérica-México-Caribe, con sede en México, sobre la COP16 y la venidera COP17.
Tampoco es de esperar que la cumbre para el cambio climático en Durban (Sudáfrica) en 2011 dé como resultado el acuerdo justo, ambicioso y legalmente vinculante que necesitamos. Para ello es demasiado grande el problema al que nos enfrentamos. Pero en el mejor de los casos Durban puede y debe brindar un acuerdo legalmente vinculante que sea lo suficientemente amplio y fuerte para impulsar el cambio de rumbo global, y que contenga mecanismos y elementos que permitan mejoras constantes en el sentido de un proceso iterativo.
Estas mejoras desde luego serán necesarias, pero ¿bastarán?
El tiempo se nos está acabando. Las emisiones globales deberán rebasar en breve su punto culminante y, después, reducirse rápidamente. Pero esto sólo será posible si un próximo acuerdo sobre el cambio climático contiene un núcleo de principios y si no traspasa ciertos límites. Entre ellos se encuentran:
• Nada de concesiones dudosas: el mundo no puede ser rehén de un único país. La protección del clima no es factible sin Estados Unidos. ¿Pero qué hacer cuando precisamente el país que tiene la mayor responsabilidad no tiene capacidad de acción política y por el momento no quiere ratificar ningún acuerdo? El proceso se debe configurar de tal manera que una participación posterior de Estados Unidos sea posible en cualquier caso. Pero, al mismo tiempo, no debe haber concesiones dudosas frente a Estados Unidos respecto a las cuestiones básicas y los principios.
• Repartición justa de cargas: aun cuando por el momento nos encontramos de facto en un Bottom-Up Pledge & Review System (cada uno pone sobre la mesa lo que quiere y tiene), que sólo nos proporciona el denominador común más pequeño posible, el punto es seguir reconociendo que el reto es global y seguir actuando para que las
contribuciones a la protección del clima en total le hagan justicia a la dimensión del problema y que sean también transparentes e incluyan obligaciones comparablemente justas para todos. Sólo habrá cooperación y confianza de parte de los países emergentes y en vías de desarrollo si los viejos países industrializados asumen su responsabilidad histórica y se ponen al frente. Para ello resulta clave, entre otras cosas, un segundo período vinculante del Protocolo de Kioto, que es precisamente lo que por ahora están tratando de evitar activamente países como Japón, Rusia y Canadá.
• Cumplir las promesas, facilitar los recursos económicos: 30 mil millones de dólares hasta 2012 y 100 mil millones de dólares anuales hasta 2020 prometieron los países industrializados en Copenhague. De ese dinero no se ha puesto casi nada a disposición hasta ahora. Y lo que se ha puesto a disposició frecuentemente son sólo fondos reetiquetados. Precisamente para la adaptación a las inevitables consecuencias del cambio climático se dispone únicamente de sumas mínimas. También aquí queda claro que el problema no es la falta de recursos. Y esto lo mostró
no sólo la crisis financiera. Con fuentes innovadoras de financiamiento como la subasta de derechos de emisiones, los impuestos al tráfico aéreo o marítimo o la introducción de un impuesto internacional por transacciones financieras se podrían movilizar mucho más de 100 mil millones de dólares anuales. Además se deben reducir las subvenciones que dañan al clima. Es decir que el problema no es tanto el monto. Más bien es la falta de voluntad política la que tiene que ver con que precisamente “no sólo” se trate del clima, sino de un cambio fundamental de la economía global y también de la redistribución del poder económico en el mundo. Esto representa una gran oportunidad para los pobres de este planeta… pero también un gran peligro para los ricos y poderosos, que harán todo lo necesario para conservar
sus posiciones de poder.
• Exigir normas y principios, evitar falsas soluciones: el reto cuantitativo es enorme. Pero al mismo tiempo no debemos olvidar nunca que el dinero solo no resolverá el problema, sino que incluso puede crear nuevos problemas si se le utiliza mal. El financiamiento para el cambio climático no se lleva a cabo en un espacio sin normas ni legislación.
Las convenciones sobre los derechos humanos, el derecho ambiental internacional y los estándares vigentes del financiamiento para el desarrollo deben ser tomados en cuenta en los nuevos instrumentos de financiamiento para el cambio climático. Por otro lado, las inversiones equivocadas –por ejemplo, en energía atómica, megapresas y
agricultura transgénica– no deben tener cabida en esos instrumentos de financiamiento. Greening the economy es también una cuestión de principios. Estos serán, entre otros, los temas a tratar en la Conferencia en Río 2012.
¿Qué papel tiene la sociedad civil?
Los grupos de la sociedad civil cumplen una importante función en las negociaciones sobre el cambio climático. Ellos se encargan de que haya transparencia y, cumpliendo una función de “perro guardián”, vigilan los actos de sus gobiernos. Sin su participación –que, de por sí, con frecuencia es bastante escasa y quizá sea incluso obstaculizada de manera consciente– sería muy grande el peligro de que aquéllos que quieren impedir y bloquear el proceso, así como los escépticos, lo echaran todo por la borda.
A diferencia de lo sucedido en otras conferencias sobre el cambio climático, en México la participación en el proceso de negociaciones se dificultó mediante la división espacial. Los stands informativos y los espacios para los eventos parallelos (side events) estaban aproximadamente a 8 km de distancia de las salas donde se llevaban a cabo las negociaciones oficiales y de las oficinas de las delegaciones. Es decir, que era necesario recorrer grandes distancias en autobús si se que quería estar en ambos lugares.
Pero otra función importante e imprescindible de la sociedad civil radica también en cambiar las condiciones marco nacionales, para de esta manera crear las condiciones para un acuerdo internacional ambicioso, justo y vinculante.
Los insuficientes progresos en las negociaciones muestran, lamentablemente, cuán poco se ha avanzado en este sentido. La sociedad civil a nivel global debe entonces preguntarse, ahora más que nunca, cuántos recursos (financieros, de personal, de tiempo) invierte en el proceso de negociación propiamente dicho y cuántos en la modificación de las condiciones marco a nivel nacional (e individual). En realidad, esto debería haber quedado claro a más tardar desde Copenhague. Pero en estos últimos meses no se ha notado tan claramente como se ía necesario el cambio de rumbo a nivel de las ONGs.
“Cancún no puede ser un segundo Copenhague”, se escuchó con frecuencia en las últimas semanas. Esto también se puede decir, por supuesto, de la próxima cumbre para el cambio climático en Durban, Sudáfrica. Pero no repetir Copenhague significa también que deberá ser posible conjuntar las fuerzas de la sociedad civil de manera que, por un lado, existan la movilización y la resistencia externas y, por otro, una intensa observación y una función de “perro guardián” internas, para que ambas puedan engranarse.
Sin negociaciones multilaterales sobre el cambio climático no será posible cumplir el objetivo de 1.5ºC. Pero sin esfuerzos masivos para inducir cambios fundamentales a nivel nacional y local, necesarios para crear la voluntad política y proporcionarles sustancia a las negociaciones, incluso el mejor proceso carece de valor.
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