La
organización civil educativa Mexicanos Primero dio a conocer que tomará una acción
legal para revertir respuesta inadmisible de la Secretaría de Gobernación (SEGOB)
para que se anulen acuerdos ilegales con la Sección XXII de la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación (SNTE), ello debido a que se viola el derecho de los niños a contar con maestros
idóneos (3ero. Constitucional), así como para defender el derecho que los
ciudadanos tenemos de acceder a la información y a ejercer efectivamente
nuestro derecho de petición pacífica (6º y 8º Constitucionales), de ahí que
interpongan u amparo.
De esta forma, Aprender Primero, el brazo jurídico de Mexicanos Primero, presentó una
demanda de amparo en contra de funcionarios de la SEGOB, el Gobernador Gabino
Cué, funcionarios de la SEP y del IEEPO (Instituto Estatal de Educación Pública
de Oaxaca) por avalar acuerdos contrarios a las leyes educativas
vigentes, especialmente en contra del servicio profesional docente y la
evaluación educativa.
Con
este procedimiento, se pide formalmente al Poder Judicial de la Federación
que intervenga en salvaguarda del derecho a la educación de las niñas, niños y
jóvenes de Oaxaca, y para que establezca el mandato de responder
adecuadamente a la petición presentada respecto a los integrantes de la
Sección XXII que participaron en las negociaciones y en las marchas de febrero
pasado.
En comunicado de prensa, este organismo informó que “hicimos del conocimiento público, el 19 de
febrero de este año solicitamos información puntual para conocer los
fundamentos de derecho,
motivos, términos, condiciones y costos al erario
público de las negociaciones con la CNTE (nombre del personal en funciones
docentes que participaron en las manifestaciones del 9 al 11 de febrero; nombre
de quienes participaron en la mesa de negociación con la Secretaría de
Gobernación, copia de las minutas, acuerdos firmados, entre otros)”.
Al día
siguiente, con el respaldo de diez líderes de opinión, enviamos una carta
dirigida a Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, en el que
solicitamos dejar sin efectos cualquier acuerdo celebrado entre esa
dependencia, la SEP, el gobierno de Oaxaca y la Sección XXII, al considerar que
dichos pactos son ilegales.
Un mes
después, la SEGOB dio respuesta a través de un oficio firmado por el
subsecretario de Gobernación Luis Enrique Miranda. Dicho documento afirma que
la SEGOB no tiene conocimiento ni registro alguno de las personas que
participaron en las negociaciones y en las marchas de la Sección XXII en la
Ciudad de México, de febrero pasado; también expresa que no hay costo alguno
para el erario público ni para los mexicanos derivado de dichas negociaciones,
y afirma que no hay incumplimiento o violación de la ley vigente.
En el
amparo interpuesto sostenemos que es absurdo que la autoridad no sepa con
quién se reúne, y que es obligatorio que en sus respuestas a los ciudadanos
deba fundar y motivar, refiriendo hechos reales y verídicos.
También
señalamos al juez que en la minuta de la reunión sostenida el 10 de febrero
pasado, firmada por el subsecretario Miranda, el Gobernador de Oaxaca, el
Director del IEEPO y el Director General de Presupuesto y Recursos Financieros
de la SEP con integrantes de la CNTE indebidamente se avalan y hacen
vigentes acuerdos previos que son ilegales.
Dichos
acuerdos incluyen que los docentes puedan ser promovidos en sus
puestos “por buen desempeño” según los criterios de la Sección XXII
y no por evaluaciones definidas por el INEE; que el diseño de la evaluación sea
realizada por los maestros y no por el INEE; permitir que no se despida a
maestros que no se evalúen o que obtengan resultados insatisfactorios después
de tres evaluaciones y cursos de capacitación, o bien, la determinación de que
ningún profesor en Oaxaca pueda ser removido ni cambiado de lugar o funciones a
consecuencia de las evaluaciones o de los perfiles requeridos en las
escuelas. Todo ello, ratificado en 2015, implica un incumplimiento de las
leyes en vigor.
Son
múltiples las declaraciones y testimonios en los cuales los voceros de la
Sección XXII afirman que la SEGOB aceptó sus términos y que, gracias a ello,
son sujetos de excepción de la aplicación de la reforma educativa. Algunos
funcionarios locales y federales o bien pretenden engañar a los miembros
de la CNTE, con promesas que no se podrán cumplir, o bien pretenden
engañar a los ciudadanos, ocultando o justificando incumplimientos de la ley.
Ciudadanos,
alumnos, padres de familia y maestros no podemos estar en situación de
indefensión y conformarnos con respuestas que ofenden la inteligencia,
desestiman la evidencia y pretenden esquivar la responsabilidad. Por
eso, hacemos uso de los instrumentos legales y pacíficos de inconformidad que
contempla el Orden Jurídico Nacional, con la finalidad que la SEGOB nos brinde,
como es su obligación, información completa y veraz, y todas las autoridades
involucradas honren su mandato de cumplir y hacer cumplir la ley. Confiamos en
la imparcialidad e independencia del Poder Judicial, y exhortamos de nuevo a
las autoridades a meditar en su responsabilidad de transparencia y eficacia en
la defensa e implementación de la reforma educativa y del Estado de Derecho.
