Persiste violencia estructural contra ambientalistas en México

En México persiste una situación de violencia estructural en contra de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales que les impide ejercer con libertad y seguridad su derecho a defender derechos humanos, señala el Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales. México, 2019, elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

Si bien, en lo que se refiere al número de agresiones, 2019 registra la cifra más baja en los últimos seis años con 39 ataques en contra de personas defensoras de los derechos de la tierra, el territorio y el medio ambiente, es necesario destacar que casi un tercio de los casos registrados fueron homicidios, resultando 15 personas asesinadas y un intento de homicidio. Es altamente preocupante que el homicidio siga apareciendo como una de las principales agresiones contra las personas defensoras en nuestro país.

El contexto de México en materia de derechos humanos se ha caracterizado por la violencia sociopolítica que se agudizó desde 2006 en el marco de la guerra contra el narcotráfico y en la que existe un patrón sistemático y generalizado de violaciones graves por parte del Estado Mexicano. Dicha situación se agravó a raíz de la entrada en vigor de la reforma al sector energético, aprobada por el Congreso en diciembre de 2013.

Es así que, entre el 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2018, se identificaron 460 casos de ataques a personas defensoras ambientales. Los años con el mayor número de agresiones fueron 2015 y 2016, con 107 y 85 ataques respectivamente. El sector energético generó el mayor número de agresiones con 133, lo que representa el 29% del total. Específicamente, el subsector con más agresiones fue el de hidroeléctricas en diferentes lugares del país, con 66 ataques, seguido de la energía eólica con 53.

Con relación a la nueva administración federal que entró en funciones en diciembre de 2018, el tema tampoco ha merecido atención prioritaria. En el periodo de enero a diciembre de 2019, el homicidio fue, al igual que en 2018, la principal agresión cometida contra las personas defensoras del medio ambiente. De los 39 casos de ataques registrados, en 12 de ellos ocurrieron homicidios así como un intento de homicidio (21.1 % del total). En estos ataques fueron asesinadas 15 personas.

En segundo lugar de las agresiones se ubican las amenazas con 11 casos (19.3% del total); en tercer lugar la criminalización (9 casos) (15.8%), y en cuarto lugar la intimidación (8 casos) (14%). En menor número aparecen las agresiones físicas, el hostigamiento, la difamación, la desaparición forzada, el allanamiento, el robo, la privación ilegal de la libertad, la estigmatización, el secuestro y el uso indebido de la fuerza.

 Oaxaca es la entidad que registró el mayor número de agresiones en 2019 con 6. Le siguen Puebla, Morelos, Chiapas y el Estado de México, cada uno con 4 casos; Chihuahua con 3, y Jalisco, Ciudad de México y Zacatecas con 2 casos. En el resto de las entidades federativas como Colima, Guanajuato, Guerrero, Nuevo León, Quintana Roo, Veracruz, Sonora y Yucatán se contabilizó una agresión.

De los 39 ataques registrados por el CEMDA contra personas defensoras ambientales en 2019, 8 de ellos están relacionados con proyectos de energía eléctrica (20.5%), particularmente con el Proyecto Integral Morelos (PIM) (4 casos), el cual consiste en la construcción de una termoeléctrica, un acueducto y un gasoducto. El sector forestal registró 6 casos (15.4% del total); en el sector de proyectos para la construcción de vías de comunicación se registraron 5 agresiones (12.8% de los casos); de éstas, dos están relacionadas con el proyecto del Tren Maya y dos más con la construcción de la carretera en San Francisco Xochicuautla, Estado de México. Finalmente, los sectores minero, agropecuario y de hidrocarburos tuvieron un registro de 3 casos cada uno (7.7% de los ataques); los proyectos hidráulicos registraron 2 casos (5.1%), y el desarrollo urbano y el industrial registraron un caso cada uno (2.6%).

En 17 de los 39 ataques (40.5%) no fue posible identificar al agresor. En otros 17 casos registrados, el gobierno aparece como presuntamente responsable (40.5%), siendo mencionadas las fiscalías locales, la Guardia Nacional y la policía estatal. En menor medida se señaló como agresores a personas de la misma comunidad, al crimen organizado, a grupos paramilitares, grupos armados, a la empresa y los medios de comunicación. 22 de los 39 ataques fueron hacia personas en lo individual, normalmente hacia quienes tienen un papel de liderazgo y mayor visibilidad como defensores. De estos 22 ataques, 8 fueron dirigidos contra mujeres y 14 contra hombres. Se registraron 6 casos contra comunidades (15%) y 2 casos de agresiones contra organizaciones (5%).

El Informe de CEMDA aborda de forma particular el tema de la estigmatización, agresión que tiende a convertir discursivamente a la persona en marginada y contraria a la norma social. Se utiliza de forma habitual para deslegitimar y menoscabar el derecho de una persona a defender derechos humanos. En muchos de los casos graves como el homicidio, se ha identificado que la persona había sufrido otro tipo de agresiones, como la estigmatización. Al respecto, se refiere el caso de Samir Flores Soberanes,  quien tenía una posición de liderazgo en la defensa del territorio en contra del Proyecto Integral Morelos (PIM), asesinado el 27 de febrero de 2019, afuera de su domicilio en el estado de Morelos, en vísperas de la consulta ciudadana propuesta por el presidente de México sobre el proyecto. El asesinato ocurrió pocos días después de que el titular del Ejecutivo se refirió a las y los defensores del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, al cual pertenecía Samir, como contrarios al proyecto termoeléctrico.

 

Finalmente, el Informe incluye una serie de recomendaciones al Estado mexicano encaminadas a garantizar la protección que requieren las personas defensoras de los derechos humanos ambientales para realizar su labor. Si bien, como se ha dicho, la principal recomendación es modificar estructuralmente la situación prevaleciente, existen pasos específicos importantes que se pueden ir dando hacia la transformación de las condiciones que están generando la violencia estructural hacia las personas defensoras del medio ambiente. Uno de dichos pasos es la urgente necesidad de que México ratifique el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina (Acuerdo Escazú). La necesidad de dicha ratificación han sido señaladas públicamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

 

Solo 20% de los mexicanos pertenece a una organización ambientalista

En días recientes, distintas asociaciones ambientalistas, y jóvenes, entre ellos: Greta Thunberg, quién recientemente participó en el foro de Naciones Unidas; han convocado a la sociedad civil para manifestarse en distintas localidades de México y el mundo para hacer un llamado con el fin de tomar conciencia y acción para el cuidado del medio ambiente.

Debido a esta coyuntura socio-política, la casa encuestadora De Las Heras Demotecnia levantó el siguiente estudio para conocer si realmente la iniciativa privada y la ciudadanía están comprometidas con el cuidado del medio ambiente. De hecho, esta encuesta reveló que solo dos de cada diez mexicanos participa o está involucrado en alguna organización social ambientalista.

Sin embargo, el 91% de los mexicanos considera de suma importancia el problema ambiental que actualmente persiste en el país. Además, el 50% de la población está consciente de que el daño ambiental que se ha provocado en su localidad es bastante grave.

Por lo tanto, entre las actividades que éstos consideran pueden ayudar a reducir la huella ecológica, se encuentran: La reducción del uso del coche, tener un compromiso con la protección del medio ambiente, aprovechar y hacer uso de la energía solar, aumentar el uso de las bicicletas, tirar aceites o químicos en lugares adecuados, no tirar basura en la calle, barrer y recoger la basura de la calle y separar la basura como se ha establecido en los últimos años.

En el caso de las empresas, este estudio demoscópico, detalla que el 69% de los entrevistados aseguraron que en las empresas en donde colaboran existen instalaciones de focos ahorradores de luz, el 62% cuenta con programas para reciclar, reutilizar, o reducir el uso de papel, el 59% tiene programas para el ahorro de luz, otro 59% cuenta con programas para el ahorro de agua, el 58% ha desarrollado programas para separar y clasificar la basura, el 53% reúne y recicla envases de PET o plástico y el 43% cuenta con instalaciones de excusados ahorradores de agua.

Sin embargo, esto no es suficiente, pues haciendo una comparación con otros países, las empresas mexicanas se encuentran por debajo del promedio, pues este estudio reveló que el 66% de los encuestados consideran que las compañías en las que trabajan están poco o nada comprometidas con tomar medidas o acciones que puedan revertir los efectos del cambio climático.

Por otro lado, existe un 33% que asegura que la empresa en la que trabajan son conscientes de los problemas relacionados con el medio ambiente, por lo que toman muchas acciones para cuidar el ecosistema, sin embargo, el 17% aseguró que la empresa en la que laboran no se compromete ni procura cuidar el ecosistema.

Por último, según la perspectiva del 54% de los participantes a este estudio, las empresas llevan a cabo las acciones antes mencionadas porque es una manera de ahorrar dinero, mientras que un 16% considera que es porque realmente les interesa el cuidado del medio ambiente.

En 2018 fueron asesinadas 21 defensores ambientales en México

En 2018, el homicidio se colocó en primer lugar de las agresiones cometidas contra las personas defensoras del medio ambiente en México, según se establece en el Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales, elaborado por quinto año consecutivo por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA).

 México continúa siendo un país muy peligroso para las personas defensoras de la tierra, del medio ambiente y del territorio, ya que éstas siguen siendo víctimas de agresiones como el homicidio, la criminalización, las amenazas y las intimidaciones, entre otras. El año pasado se mantuvo la tendencia letal del 2017 cuando el país fue incluido en el cuarto lugar del mundo donde se han producido más asesinatos de personas defensoras del medio ambiente.

El total de agresiones registradas por el CEMDA entre el 2010 y el 2018 es de 440, de los cuales 49 ataques ocurrieron en el 2018. A este respecto, es importante precisar que un ataque puede incluir varias agresiones de diversos tipos. Por otro lado, las agresiones registradas son una muestra ejemplificativa, puesto que no todas las agresiones son denunciadas o registradas por medios públicos.

En cuanto al tipo de agresiones, CEMDA registró en primer lugar al homicidio en el 25% de los casos, en segundo lugar a la criminalización con el 19%, y, en tercer lugar, a las amenazas y las agresiones físicas con el 17%, respectivamente. En cuanto a las entidades donde ocurrieron las agresiones, Puebla fue el estado que registró el mayor número, con un total de 8, seguido de Oaxaca y Chihuahua, con 6, respectivamente. Respecto del tipo de víctima, de los 49 ataques registrados, en el 89% de los casos las agresiones se cometieron directamente contra personas en lo individual, 8% en contra de la comunidad y 3% en contra de una organización de la sociedad civil.

El mayor número de ataques ocurridos (9) tuvo que ver con proyectos de infraestructura; seguido de 8 casos de despojo de tierra y territorio, así como 8 relacionados con proyectos hidroeléctricos. La minería se ubicó en cuarto lugar con 6 ataques. La gran mayoría de los ataques (37) se generó en el contexto de la disputa por la tierra y el territorio.

Desafortunadamente, es el propio Estado mexicano -quien debería ser el garante de los derechos humanos de las personas defensoras del medio ambiente- quien se identificó como uno de los principales agresores, en 19 de los ataques identificados. Las autoridades estatales fueron señaladas en primer lugar como fuente de las agresiones (13 casos), seguidas de las municipales (6 casos) y las federales en 5 casos. También, en 19 de los casos no fue posible identificar al agresor.

El Informe 2018 de CEMDA se enfoca particularmente en el tema de la criminalización contra las personas defensoras ambientales, pues a lo largo de los años se ha observado el uso indebido del sistema penal por parte del Estado mexicano para perseguirlas. Entre 2013 y 2017 se registraron por lo menos 95 casos de criminalización contra quienes defienden el medio ambiente. Estas agresiones tienen el propósito de debilitar las acciones de promoción y defensa de los derechos humanos ambientales frente a la implementación de megaproyectos de desarrollo e infraestructura, tanto de empresas privadas como empresas productivas del Estado mexicano que no respetan tales derechos.

Este tema se ejemplifica en el Informe con el caso de las personas defensoras del territorio de Cuetzalan, en la Sierra Nororiental de Puebla, quienes han sufrido criminalización derivada de su protesta contra del proyecto de instalación de una subestación eléctrica que pretende desarrollar en su territorio la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El hecho más grave en este caso ha sido el asesinato de Manuel Gaspar Rodríguez, integrante del Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano y Popular (MIOCUP), quien había sido señalado en la denuncia que interpuso la CFE contra los defensores.

Frente a este contexto de grave violencia que viven las personas defensoras ambientales en el país, el pasado 27 de septiembre de 2018, México suscribió en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú). Es fundamental que nuestro país ratifique e implemente cuanto antes dicho Acuerdo a fin de que se pueda establecer una política pública integral y eficaz para la protección adecuada de las personas defensoras ambientales y la prevención de las agresiones.

Asimismo, es urgente que el gobierno actual enfoque sus acciones a la consolidación del Estado pluricultural, garantizando el derecho a la diferencia, a través del cual los pueblos puedan mantener el control sobre sus elementos culturales y naturales. Esto hace posible que se impulsen otras formas democráticas de toma de decisiones que conllevan a generar condiciones para eliminar la violencia estructural y simbólica del marco jurídico y la política pública mexicana que durante años ha sido el escenario perfecto para la perpetración de las agresiones contra personas defensoras ambientales.

Algunas recomendaciones incluidas por CEMDA en su Informe 2018 son: a) Alinear y armonizar el marco legal y las políticas públicas bajo un enfoque de derechos humanos y el principio del Estado pluricultural; b) Implementar, en la legislación ambiental y en las políticas públicas, la perspectiva de género; c) Respetar el derecho a la autonomía, al territorio y al desarrollo propio de las comunidades indígenas frente a megaproyectos de desarrollo; d) Garantizar oportunamente el cumplimiento del derecho al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y las comunidades e indígenas, así como a la información y a la participación en proyectos de desarrollo que afecten de manera significativa sus modos de vida; e) Implementar medidas como la suspensión temporal de la obra y actividad hasta que se garanticen los derechos de las comunidades indígenas; f) Revisar el contenido de los tipos penales que facilitan la criminalización de las personas defensoras ambientales; g) Suspender la implementación de un proyecto de desarrollo cuando existan evidencias de ataques y agresiones contra las personas defensoras ambientales; h) Realizar las evaluaciones de impacto social y ambiental en las primeras etapas del proyecto, antes del otorgamiento de concesiones o permisos sobre el recurso natural; i) Fortalecer el Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, brindando presupuesto y recursos materiales suficientes para que cumpla con su objetivo; así como otorgar protección a colectivos que defiendan los derechos humanos ambientales; j) Garantizar el derecho a la reparación integral del daño a las personas defensoras por las agresiones y violaciones a sus derechos humanos; así como, k) Atender y cumplir con las recomendaciones de los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas en la materia; entre otras.

Capacitará Al Gore a ambientalistas mexicanos

Se dio a conocer que del 21 al 23 de marzo, más de 600 activistas y ciudadanos mexicanos y otros lugares del mundo, podrán integrarse a la capacitación gratuita sobre cambio climático del Climate Reality Proyect, liderado por el exvicepresidente de los Estados Unidos Al Gore.

Con más de 13 mil 500 líderes formados en 140 países, la edición número 37 de este entrenamiento de 3 días permitirá a los participantes escuchar de la voz de líderes mundiales la importancia de la divulgación de la ciencia en torno al cambio climático, y las acciones que están al alcance de la ciudadanía para ayudar a solucionar esta problemática.

En el marco de la presentación de este evento, Al Gore, quien además fue ganador del Nobel de la Paz 2007, declaró que "México ha sido durante mucho tiempo un campeón del clima y un líder global en lo que respecta a la acción climática. Espero conocer y escuchar de algunos de los inspiradores activistas e individuos que están generando el impulso en la Ciudad de México y en todo el país".

Ante la inminente crisis climática que enfrentan México y el mundo, Climate Reality Project se enfoca en trabajar con activistas y ciudadanos para catalizar la participación global de combate al cambio climático y empoderar a los ciudadanos a tomar acciones simples desde sus comunidades y en todos los niveles de la sociedad.

Los impactos que causa el fenómeno global del cambio climático, van desde el aumento en el nivel del mar -lo que produce afectaciones en los literales del país-, pasando por el aumento en la intensidad de los fenómenos meteorológicos y la pérdida de ecosistemas y biodiversidad. Según un reporte publicado por la  Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) del gobierno mexicano, los bosques de coníferas y mesófilos, así como los mares y ecosistemas insulares, que incluyen manglares, arrecifes y playas, entre otros, son los más afectados por el cambio climático.  

Al Gore ha comentado que “en el mundo político cada vez más polarizado de hoy, el pueblo y el gobierno de México demuestran una unidad de propósito al enfrentar la crisis climática”.

Una de las acciones para combate al cambio climático es la reducción de gases de efecto invernadero mediante la transición al uso de fuentes que generen energía limpia, lo que incluye la reducción de combustibles fósiles. Sobre el tema, Dan Sharg, director del Centro para el Ambiente en la Universidad de Harvard, declaró que México es uno de los países más vulnerables al cambio climático puesto que depende en gran parte de sus ingresos petroleros. Ante esto, el país busca impulsar el cambio hacia la producción de energías limpias, a través de la Ley de Transición Energética en la que ha establecido que para el 2024, el 35% de su energía provendrá de fuentes renovables.

De acuerdo con una encuesta realizada por KPMG sobre Informes de Responsabilidad Cosporativa en 2017, y derivado de un informe bienal requerido a través de la Ley General sobre Cambio Climático sobre emisiones de carbono, se estipula que el 90% de las empresas mexicanas cumplieron con el mismo, mostrando un significativo aumento del 58% presentando en el 2015.

Para conocer más sobre este movimiento se pueden consultar:

www.climaterealityproject.org